Si bien el fiscal Carlos Colimedaglia no avanzó en procesamientos penales, ante la denuncia de los concejales de la Coalición Cívica sobre las condiciones deplorables del relleno sanitario, su investigación determinó que la Municipalidad tuviera que hacer presentaciones ante el OPDS (Organismo provincial de Desarrollo Sustentable), que está ahora en plena etapa de evaluación.

Juan Carlos Tolosa Rossini, abogado juninense que está especializándose en Derecho Ambiental, fue el encargado de realizar un informe detallado sobre todo el caso, al que accedió LA VERDAD.

En este marco, el profesional recuerda que “en fecha 16 de septiembre se desestimó la acción penal oportunamente iniciada por Banfi y Avila, debido al estado ambiental preocupante que presentaría el relleno sanitario”.

“De todas maneras, la denuncia tuvo su efecto positivo en pos del beneficio de la comunidad, ya que debido a esta acción, el municipio se vio obligado a acompañar una propuesta – presentada el 4 de julio de 2013- de recomposición del sitio de disposición final de residuos, con el objetivo de obtener una mejora ambiental del sitio”, apuntó.

En este marco, resaltó que “habría un tácito reconocimiento por parte del municipio de Junín de que las condiciones ambientales del sitio donde se ubica el relleno sanitario, distan mucho de ser óptimas”.

“Asimismo se reconoce también de forma tácita por el municipio, que no cumplió con su deber de cuidado”, agregó.

Esta propuesta “está a la fecha, en estudio por la Dirección de residuos sólidos urbanos, por lo cual el relleno está en etapa de control y supervisión, gracias a la denuncia penal. Además, el municipio debería haber presentado un plan de trabajo sobre esa actividad y sector de disposición final de residuos, desde que contrató con la empresa Girs S.A.”.

Tolosa Rossini explicó que “si bien el derecho penal es la última ratio en las cuestiones ambientales -y de allí la desestimación-, ha sido un importante instrumento en la tutela medioambiental. Siempre ha sido invocado cuando la represión administrativa y civil se han mostrado insuficientes para combatir las sucesivas agresiones al medio ambiente. Amplia y relevante doctrina considera que la represión a la conducta transgresora debe realizarse por la vía administrativa, donde las sanciones serían más eficientes y aplicadas a la brevedad, o por la vía civil, donde el reparo puede ser completo”.

La denuncia

La denuncia surgió cuando los concejales de la Coalición Cívica constataron “un grado de deterioro y abandono del relleno sanitario”, que incluía deficiencias e irregularidades tales como: caminos internos tapados de basura; líquidos derramados sin cobertura aislante para protección de las napas, incineración constante y “al aire libre” de residuos; olores nauseabundos; maquinarias no aptas para la realización de tareas; etc.

El relleno sanitario, desde el mes de marzo de 2011, se encuentra concesionado a una empresa privada cuya razón social es GIRS S.A.

Ante la situación del lugar, los denunciantes en sus funciones de concejales, presentaron en marzo de 2012 un pedido de informes, que nunca fue respondido por las autoridades.

“Ello llevó a la consideración de los denunciantes, de que reflejaba un indicio en cuanto a que el municipio no estaría controlando las obligaciones a cargo de la empresa concesionaria del relleno sanitario –el municipio no cumpliría su rol respecto al denominado Poder de Policía-, y como prueba documental aportaron, entre otras, fotografías del sector en posible riesgo ambiental”, recordó Tolosa Rossini.