El presupuesto de gastos estimados para el ejercicio 2012 de la Administración Central contempla un incremento de 726,3 millones de pesos más que el que fuera previsto al momento de ser sancionada –en abril pasado– la ley 843, que fue la que modificó el presupuesto 2011 que había aprobado incisamente la Legislatura en diciembre de 2010, ya que de 3.722 millones de pesos se aumentó a 4.449 millones.

Estas mayores erogaciones corrientes y de capital representan un 19,5% más que las presupuestas para el 2011.

De ese total de gastos, 4.066 millones corresponden al Poder Ejecutivo; 111,9 millones a la Legislatura; 221,8 a la Justicia; 41,9 al Tribunal de Cuentas y 6,8 millones a la Fiscalía de Estado.

Comparando el presupuesto aprobado para el 2011 con el proyecto de presupuesto 2012 surge que el total de gastos del Ejecutivo se incrementó en 588,7 millones de pesos; en 82,7 millones el del Poder Judicial; 38,6 millones el del Poder Legislativo; 13,9 millones el del Tribunal de Cuentas y en 2,3 millones el de la Fiscalía de Estado (51,7%).

Claro que si este ranking del gasto se ordena en función del crecimiento porcentual experimentado entre uno y otro presupuesto surge que el que experimentó el mayor incremento es el de la Justicia con un 59,43% interanual. En segundo lugar aparece el de la Legislatura con el 52,7%; el de Fiscalía de Estado con el 51,71; Tribunal de Cuentas con un 49,7% y por último el del Ejecutivo con un 16,9% de aumento en las erogaciones previstas.

Esto también implica una modificación en la participación de cada una de estas dependencias en el total del presupuesto de gastos de la Administración Central. Una vez aparece a la cabeza la Justicia que pasó del 3,74% al 4,99%; la Legislatura, del 1,96% al 2,51%; la Fiscalía de Estado, del 0,13% al 0,15%; Tribunal de Cuentas, del 0,75 al 0,95 y el Poder Ejecutivo, del 93,4% al 91,4%.