El juez de Control, Daniel Muñoz, rechazó la apelación que presentaron los abogados del ex concejal Gustavo Segre y de su ex secretaria Verónica Abasolo y decidió confirmar la elevación a juicio del famoso caso de los criollitos. Así, los dos imputados tendrán que sentarse en el banquillo y enfrentar la acusación de intento de fraude al Estado por adulterar una factura de panadería y ponerle un 3 adelante a la cifra original de 12 pesos. Para la Justicia, los dos actuaron en connivencia para perjudicar al Municipio en una suma total de 300 pesos.

El 27 de agosto se había conocido la resolución del fiscal Julio Rivero, quien después de cuatro años emitió una resolución de 90 páginas en la que pidió que Segre y Abasolo fueran llevados a juicio. Los defensores de los imputados apelaron la decisión.

Sin embargo, el juez Muñoz, que en marzo de 2010 había frenado la elevación a juicio y ordenado que se profundizara la investigación, esta vez le dio la razón a Rivero. En una resolución emitida ayer destacó la “exhaustiva y eficaz incorporación de elementos por el fiscal” y confirmó la elevación de la causa.

Para Muñoz, Segre no puede alegar que no tenía posibilidad de conocer la adulteración. “No puede desvincularse intentando desplazar responsabilidad excluyentemente sobre un empleado de menor jerarquía, contrariando toda normativa vigente. Menos aún exponer en su favor ignorancia de la defraudación sobre la compra, cuando la diligencia de un empleado de la subdirección de Presupuesto, Mauricio Roquetta, advirtió la maniobra inmediatamente”, dice la resolución.

Y agrega: “Los indicios permiten establecer ante la simplicidad que requería la tarea de auditar el documento que el funcionario no pudo ignorar la irregularidad y por lo tanto, a sabiendas de la adulteración, concretó en el hecho su participación en calidad de coautor”.

Por eso, el juez confirmó que Abasolo irá a juicio por adulteración de instrumento privado, uso de documento privado adulterado agravado y fraude en perjuicio de la administración pública, en grado de tentativa, agravado. Segre está acusado de los últimos dos delitos, ya que no fue quien ejecutó la falsificación de la factura.

La adulteración se produjo en septiembre de 2009. Poco después, a un empleado de Economía, Mauricio Roquetta, le llamó la atención que el bloque de Río Cuarto para Todos hubiera gastado 312 pesos en la compra de criollitos. Todas las compras anteriores rondaban entre los 10 y los 12 pesos. Fue a rastrear el duplicado a la panadería El Marqués y comprobó que la compra había sido originariamente por 12 pesos y que al original le había agregado un 3 para elevar la cifra.

El empleado presentó la denuncia y generó un revuelo político porque en ese entonces Segre era el jefe del bloque del oficialismo. El concejal argumentó que no podía controlar todo lo que hacía su secretaria y señaló que cuando firmó la factura creyó que se trataba de la compra de todo un mes. Sin embargo, en la investigación hay testimonios y pruebas que señalan que intentó conseguir que Abasolo recuperara la factura que estaba en la panadería y hacerse así de la evidencia más comprometedora.

Actualmente, Segre se desempeña como asesor del presidente del Concejo, Claudio Miranda.