De la Justicia Civil de El Calafate depende que el Municipio pueda avanzar en la reclamada mudanza del basural local.

Finalizada la Feria Judicial, el Gobierno de la villa turística espera que la juez Florencia Viñuales levante una medida cautelar, despejando así el camino libre para que comiencen las obras en tierras alejadas del centro urbano.

Desde julio de 2012 están frenados los trabajos que el Municipio había comenzado a realizar en la zona de “Laguna Seca”, a 10 kilómetros al este de esa ciudad. Una orden de la juez civil determinó que no se continuara con la obra hasta que el Municipio no presentara un estudio de impacto ambiental.

La orden judicial fue dada como parte de un expediente que desde un año antes se tramitaba en ese juzgado calafatense, cuando el Gobierno de la provincia inició un juicio de expropiación de 600 hectáreas a la familia Aristizabal. Meses antes, la Legislatura provincial había aprobado la ley para avanzar en la expropiación de esas tierras con la finalidad de que en ellas se desarrollen diferentes proyectos provinciales y municipales, entre ellos el emplazamiento de una nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales y la nueva planta de tratamiento de residuos sólidos.

Por la expropiación se aprobó el pago de 135 mil pesos.

Los propietarios de las tierras se opusieron a la expropiación argumentando variados fundamentos, que van desde cuestionamiento al precio puesto por el Estado a la utilidad que se le daría a las tierras.

Mientras tanto, la Provincia tomó posesión de las tierras y se las transfirió al Municipio, que emplazó un circuito de automovilismo en un sector y en otro comenzó a abrir grandes zanjas donde se enterrarían los residuos que serían trasladados desde su actual ubicación, en alrededores del barrio Félix Frías.

Cuando la noticia de los primeros trabajos tomó estado público, la familia propietaria se presentó en la Justicia para agregar otros cuestionamientos al expediente, entre ellos el inicio de trabajos sin estudio de impacto ambiental (EIA).

La juez Florencia Viñuales ordenó a la Provincia y a la Municipalidad que se suspendan los trabajos y se confeccione el mencionado estudio.

Antes que comience la Feria Judicial, en el mes de diciembre, el Municipio presentó al Juzgado Civil un EIA elaborado por la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA).

El asesor administrativo legal Juan Manuel Miñonez había pedido públicamente que la jueza levantara la medida, permitiendo la continuidad de los trabajos, siendo que ya se había cumplimentado el requerimiento de un estudio de impacto ambiental.

Pero la feria comenzó sin resolución por parte de la magistrada. Durante el receso, el juzgado quedó a cargo del juez penal Carlos Narvarte primero y de la secretaria Ariana Granero después.

Con el fin de la feria y el regreso a las funciones de la titular del juzgado de Familia Civil y Comercial, Florencia Viñuales, en el Gobierno local muestran ansiedad por una pronta resolución.

El actual basural se encuentra en zona urbana, rodeado de barrios que sufren las consecuencias de un predio ya colapsado y del constante viento.

Una población de unos 22 mil habitantes con casi 8 mil camas de alojamiento turístico genera una cantidad de residuos que no puede ser procesada en el actual predio.

El Municipio intenta ser medido a la hora de hablar del tema, sin declaraciones públicas, por ahora, “para que no parezca una presión sobre la juez”. Pero al mismo tiempo, funcionarios consultados muestran su preocupación.

“Lo primero que hay que hacer es consolidar el camino de acceso, si eso no se hace antes que empiece el mal clima, tenemos que esperar a después del invierno”, dijo una de las fuentes consultadas.

Por su parte, el Gobierno nacional ya comprometió 30 millones de pesos para el traslado del basural calafatense. La ciudad fue incluida en un programa nacional que tiende a desterrar basurales a “cielo abierto” y que cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), acordado con el Gobierno argentino en 2007.