La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata resolvió dar marcha atrás con la medida cautelar que dispuso el cierre de la morgue policial platense, clausurada desde abril de este año después de que el juez Luis Arias detectara irregularidades en el depósito. Los impulsores de la medida cuestionaron la decisión del tribunal de condenarlos a pagar las costas del proceso, y lo interpretaron como un intento de desalentar presentaciones contra el Estado provincial.

El pedido de clausura, que tomó forma de cautelar, hacía referencia a situaciones detectadas a principios de marzo, cuando gendarmes realizaron un allanamiento en la morgue, y tomaron muestras y recogieron documentación y material informático de 69 cadáveres que estaban depositados en situación deficitaria: mal refrigerados, en muchos casos sin rótulos identificatorios y en estado de descomposición y compartiendo espacio con animales. Aquel allanamiento fue consecuencia de una investigación iniciada luego de que se comprobara al menos un enterramiento “mellizo” en el cementerio local.

Ahora, la misma Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo que ratificó el fallo de Arias que establece en 89 los muertos como consecuencia de la inundación, resolvió (con fecha 3 de julio) "hacer lugar a las impugnaciones” presentadas por el gobierno provincial, a través de su Fiscal de Estado, ante un fallo del mismo juez, quien en abril pasado había cerrado la morgue local para iniciar la investigación sobre su funcionamiento irregular, a partir de lo denunciado por el CIAJ (Colectivo de Investigación y Acción Jurídica).

Este colectivo de abogados advertía en su presentación que “tal como está funcionando la morgue de La Plata hoy, puede ser entendida como una máquina de desaparición, que se presta para desaparecer a las personas. Las desaparece cuando emite certificados falsos, cuando no registra, etc.”.

Con ese argumento, el CIAJ solicitó que se prohibiera el ingreso de nuevos cuerpos, hasta que no se avanzara en una investigación profunda respecto del manejo de la policía científica en la administración del lugar. Como se dijo, aquel pedido fue convalidado por Arias, a través de una medida cautelar de “no innovar” que es la que la Cámara "voltea".

En un crítico comunicado emitido este jueves por la organización, recuerda que tras la clausura se produjeron “renuncias” y “pases a retiro” de directores y jefes de la Morgue y del Registro de las Personas, lo cual ratificaría la existencia de las irregularidades denunciadas.

En su comunicado, el CIAJ también plantea la preocupación sobre los alcances de la decisión de los jueces Gustavo De Santis, Gustavo Spacarotel y Claudia Milant, respecto de un argumentos del gobierno bonaerense a la hora de apela: los costos que le implica al Estado remitir los ingresos de nuevos cuerpos a otra jurisdicción.

“Desde el CIAJ sostenemos por una parte que la decisión de la Cámara habilita el funcionamiento irregular de la morgue policial de La Plata para que siga recibiendo cuerpos de personas fallecidas sin las condiciones necesarias para garantizar su debida custodia y registro”, plantean los abogados en su tramo más crítico.

Sin embargo advierten que luego de esta decisión la causa seguirá tramitando por ante el Juez Arias, donde seguirán insistiendo con el pedido original, en cuanto a que “es necesario el control y la urgente creación de protocolos que especifiquen los modos en que los operadores policiales deben desarrollar el ingreso y registro de cuerpos en la morgue”.

"Intimidación". Finalmente expresan la preocupación por lo que consideran una “grave decisión” de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de cargar las costas de la tramitación del recurso de apelación a una organización de Derechos Humanos. “Esta cuestión lateral de la decisión de la Cámara, busca frenar los litigios contra el Estado Provincial y resulta sumamente peligrosa para el acceso a la justicia de los intereses colectivos que representan las organizaciones como el CIAJ”, concluyen.