La campaña electoral 2019 debuta con cambios: se incrementa a 50 días el plazo para promocionar a los candidatos antes de las PASO y de las presidenciales; el Estado girará más recursos, se obligará a las empresas a blanquear sus aportes y habrá nuevas reglas para la publicidad digital y un sistema de justicia electoral exprés para sancionar a los responsables del financiamiento político que hagan trampa.

Estas nuevas reglas quedaron establecidas en la reforma de la ley de financiamiento político aprobada en el Congreso hace 15 días y que será publicada y mínimamente reglamentada la semana próxima.

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Los partidos están apurados para que entre en vigor porque desde ese momento podrán empezar a recibir fondos en blanco de empresarios privados para la campaña electoral.

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Ahora la ley permite blanquear esos aportes hasta el dos por ciento de los gastos permitidos para la campaña, que son de unos 450 millones de pesos. Este dos por ciento se suma a una cifra similar que pueden aportar al partido.

La nueva ley establece además que los aportantes privados deben llenar una declaración jurada online y que lo que declaren allí es lo que puede gastar el candidato.

Además, los aportes privados dejarán de ser en efectivo o mediante oscuros mecanismos que los dejaban fuera del radar. Deben ser todos bancarizados, mediante cheques, tarjetas de crédito, transferencias o aplicaciones electrónicas. Esto permite identificar al donante y hacer la trazabilidad del aporte desde que sale de la cuenta del particular hasta la cuenta oficial y única del partido donde debe recibir todos los aportes y desde donde deben hacerse los gastos.

"No es que se aportará más plata, sino que se brindan las herramientas para que se blanqueen más aportes", explicó a LA NACION uno de los protagonistas a cargo de los nuevos mecanismos de control.

La ley además regula que el Banco Central, la AFIP, la UIF, la OA y la Anses y la OA están obligados a entregar la información de los particulares a la Justicia Electoral para cruzar los datos con sus declaraciones como aportantes.

Se blanquean además los aportes en especie. Esto quiere decir que aquellos empresarios que faciliten su aviones privados para el traslado de los candidatos, sus locales para los actos, su catering, sus servicios de impresión de afiches y boletas, sus servicios digitales y otras cuestiones necesarias para la campaña que quieran donar deben ahora quedar registrados en un acta firmada por el partido y el generoso aportante.

En esta elección los partidos tendrán más dinero. Hay una suma de 1380 millones de pesos a repartir entre los partidos o alianzas para imprimir boletas por el equivalente a un padrón electoral para las PASO y a un padrón y medio para las elecciones generales. Asimismo, de un fondo de 650 millones de pesos se distribuirá el 50% a todos los partidos que compitan y la otra mitad se repartirá entre los partidos en función de los votos obtenidos en la última elección.

No pueden recibir aportes de las empresas contratistas del Estado, tampoco de extranjeros, entidades municipales, concesionarias de servicios u obras públicas, de empresas de juegos de azar, de gobiernos o entidades públicas extranjeras, de personas que hubieran sido obligadas a pagar parte de su sueldo a sus superiores ni de gremios o asociaciones profesionales. Las campañas que antes debían empezar 35 días antes de las elecciones generales y 30 antes de las PASO ahora pueden empezar 50 días antes de cada una. Y en los medios audiovisuales, 35 días antes. Los partidos no pueden contratar pauta privada en televisión y solo deben usar los espacios que da el Estado.

Tanto es así que la campaña electoral empezará oficialmente la misma noche del 22 de junio, cuando se oficialicen las listas. Desde ese día hasta 48 horas antes del 11 de agosto, cuando se realizarán las PASO, se podrán hacer campañas en internet, en redes sociales, en la vía pública, en radio, aunque no en televisión. Se establece un registro de cuentas oficiales de redes sociales de los partidos políticos para facilitar el control de gastos y ante las fake news.

Esta campaña tendrá mayores controles: por lo pronto, los auditores de la Cámara Nacional Electoral para controlar quién aportó la plata para la campaña y en qué la gastaron los partidos serán 16, en lugar de 8. Se duplicó el número.

Además se aprobó un procedimiento especial de Justicia Electoral exprés para el juzgamiento de las faltas electorales vinculadas al financiamiento. Hasta ahora la falta de un procedimiento hizo naufragar el castigo a los responsables económicos de las campañas, por ejemplo en los casos de lavado de dinero (campaña 2007 del Frente para la Victoria) o en los casos de aportantes truchos (campaña Cambiemos 2015).

Ahora se establece que el juez electoral forma la causa y el fiscal puede actuar de oficio o por denuncia y decidir si impulsa el caso. En cinco días debe citar al acusado y darle la oportunidad de que se defienda en cinco días. A los ocho días el fiscal o lo acusa o pide el archivo del caso. Si lo acusa, se realiza un juicio oral a cargo del juez federal en no más de 30 días y se dictará sentencia, que puede apelarse ante la Cámara Electoral. Este mecanismo evitará que queden sin sanción delitos electorales que hasta ahora desbordaban a los jueces federales penales.