Después de criticar duramente la lentitud de la Justicia en el caso de la ex oleaginosa Río Cuarto, el intendente Juan Jure dio un nuevo paso y reclamó que, ante la falta de respuestas en los tribunales riocuartenses, intervenga directamente la Fiscalía General de la Provincia en la causa que el Municipio le inició a Leonardo Passarini, propietario del inmueble, por contaminación ambiental.

El intendente presentó un escrito ante Darío Vezzaro, jefe de los fiscales, en el que le hizo conocer la demora que a su juicio sufre la causa de la ex oleaginosa -en la que Passarini está imputado- y pidió una resolución urgente para terminar con el riesgo que implica para la salud de la población la supuesta contaminación con residuos peligrosos.

Es decir, Jure no sólo planteó una queja pública sino que inició un reclamo formal e institucional. En su escrito detalla las demandas penales presentadas contra Leonardo Passarini y, además, el amparo ambiental con el que buscó frenarse la contaminación.

Ante el fuero civil, la presentación se hizo hace un año. Y la causa penal se inició hace ya un semestre.

“A más de seis meses de denunciada la existencia de amianto como residuo peligroso y cancerígeno humano cierto, no hemos podido obtener una decisión judicial que ponga fin al peligro creado”, se lee en el escrito de Jure, que se trata en realidad de una denuncia sobre una situación “de gravedad institucional”.

Después de relatar las actuaciones judiciales, el intendente le pide a Vezzaro que actúe para agilizar la causa. “Pretendemos exhortar al fiscal general para que urja las medidas conducentes en salvaguarda de los derechos de la comunidad de Río Cuarto, cuyo legítimo interés representa la Municipalidad de Río Cuarto. Desde el día 2 de marzo (fecha en que el Juzgado Federal remitió la causa a nuestros tribunales) han transcurrido casi seis meses sin que exista una medida de prevención de parte del tribunal competente, ni tampoco del imputado Passarini en reProxy-Connection: keep-alive Cache-Control: max-age=0 uardo de la salud ambiental”, dice el escrito.

En este punto, el intendente le apuntó directamente al fiscal Walter Guzmán, que tomó la causa después del apartamiento de Julio Rivero.

Jure plantea que la situación es tan grave que, incluso, se ha presentado en la Justicia el caso de un vecino de la ex oleaginosa que murió del cáncer denominado “mesotelioma epitelial papilar” como consecuencia de su exposición al amianto.

“La cuestión traída a la consideración del fiscal general no puede esperar el dictado de la sentencia definitiva (...) ¿Acaso la Magistratura debe permanecer impávida, con los ojos cerrados, a una situación trágica y dolorosa, que adquiere niveles de desastre ambiental o estrago? Ya no se puede esperar (...)”, plantea el intendente.

Jure dice en su escrito que no pretende que le den la razón al Municipio en el litigio sino que haya una resolución específica y que se tomen medidas para evitar que se extienda la contaminación.

Sin pericias

Ayer, después de que se conocieran las críticas lanzadas por el intendente en el proyecto de expropiación de la manzana 48 de la ex oleaginosa, el fiscal Guzmán salió a dar su versión.

Jure había señalado que los tiempos de la Justicia no se adecuan a las necesidades ni a los problemas de la gente y, además, cuestionó que no se hubieran tomado medidas para eliminar la contaminación a pesar de que ya hace un año que se hizo la primera presentación judicial.

En declaraciones radiales, Guzmán dijo que no es verdad que la causa penal esté en sus manos desde hace un año, sino que debió ocuparse ya iniciado 2010. Pero sí admitió que todavía no se han comenzado a realizar los estudios periciales para determinar si hay o no contaminación con residuos peligrosos en el predio de diez manzanas. Tampoco está terminado el trámite para tomar medidas transitorias, como por ejemplo hacer cerramientos para evitar que el amianto se propague.

“Lo que la ley reprime no es la existencia de amianto sino la contaminación del suelo. Y si bien los estudios municipales señalan la presencia de ese material en la aceitera, chocamos con la dificultad de que no hemos logrado dar todavía con ningún organismo oficial que nos analice el impacto ambiental o nos haga un estudio de contaminación del suelo y el agua. Hemos requerido ese estudio al Ceprocor, a la Policía Judicial y a otros organismos pero sólo están preparados para detectar el amianto pero no la contaminación”, indicó Guzmán.

Además, el fiscal puntualizó que incluso para hacer los cerramientos de las zonas peligrosas de la ex aceitera se necesita un protocolo de trabajo que después analizará Córdoba Ciencia.

Con respecto a la demora que le endilga el gobierno municipal, Guzmán aseveró que no existe.