Es que la declaración de "utilidad pública" que hiciera en 2007 el entonces presidente Néstor Kirchner ya perdió vigencia y el proceso parece volver a cero. Por eso quieren sumarle un ingrediente distinto para esta vez llegar a buen puerto: la presión de la gente.

Así quedó determinado en una reunión realizada ayer en Chacabuco, en la que dirigentes de las distintas ciudades que dependen de la peligrosísima Ruta 7 estuvieron con funcionarios del Ministerio de Planificación Federal.

Allí todos coincidieron en que la primera medida, fundamental, es la de juntar firmas entre vecinos y usuarios de una eventual autovía. Con varias localidades y un par de ciudades en el camino de Luján a Junín, esperan alcanzar alrededor de 100 mil firmas.

Presión

A partir de allí, la presión se haría notar y volver al "mapa de la obra pública" en la Argentina sería más fácil. Mientras tanto, ayer se supo de un importante avance: en enero abrieron la licitación para el tramo Luján-San Andrés de Giles.

Quienes lo confirmaron en la reunión fueron Lucas Olazagasti, director de Políticas Institucionales del Ministerio de Planificación de Nación, y una arquitecta de esa cartera, Lorena Montichelli.

Quiénes

Ambos se reunieron primero con el intendente de Chacabuco, Darío Golía, y luego, en el Concejo Deliberante, con referentes de instituciones, funcionarios y concejales de ciudades de localidades vecinas.

Entre ellos estuvieron el secretario de la Producción del Municipio, Oscar Palma; la directora de Relaciones con la Comunidad, Gladys Hilgert, y Gastón Blanc, subsecretario de Obras Públicas.