El 17 de junio comienza el juicio oral por muerte del oficial Sayago

Con un amplio dispositivo de seguridad, las testimoniales de cerca de ochenta personas y con once personas imputadas, el próximo 17 de junio comenzará en la Cámara del Crimen el juicio por el homicidio del comisario post mortem Jorge Sayago.

Según se confirmó a La Prensa de Santa Cruz, se estima que la jornada del juicio podría extenderse por dos meses y se ha dispuesto un gran dispositivo de seguridad que podría estar encabezada por la Prefectura Naval Argentina, con apoyo de l Gendarmería Nacional.

Además, desde la Cámara se dispuso que las audiencias y todo el desarrollo del juicio se desarrolle en el hall de la Cámara del Crimen, por tener una mayor capacidad que la sala de audiencias.

Ayer, el doctor Alberto Luciani, defensor oficial de Darío Catrihuala adelantó que en la causa hay once imputados y su defendido está acusado por tener participación en el lugar del hecho

“Hay otros que están acusados de ser los autores materiales del hecho”, dijo el letrado y sostuvo que “el juicio violó todo plazo razonable para determinar fehacientemente lo que ocurrió ese día”.

En este sentido consideró que “es muy complicado poder determinar quién produjo la muerte de Sayago, porque fue realmente una pueblada. Hubo setecientas personas aproximadamente, en la noche, que produjeron los hechos, en medio de gases lacrimógenos. Más allá de eso, del número de personas que intervinieron, en todo el proceso de la causa hubo muchas desprolijidades”, indicó.

“Hubo acusaciones y hay causas que aún están sin resolverse como apremios ilegales, torturas de los implicados, cuando fueron detenidos. Es una causa muy compleja en lo procesal también porque se cometieron irregularidades”, señaló.

Luciani, sostuvo que dialogó con policías que “intervinieron en ese momento, que se arrepintieron y van a declarar en el juicio. Va a estar muy complicado para el fiscal que tenga que acusar y para todo el debate en general”, sostuvo y añadió que “además el fiscal de la Cámara se apartó en su momento de la causa porque por las irregularidades y no comparte la acusación”.

“También hay que tener en cuenta que durante la primera etapa de instrucción la causa estaba a cargo del Juzgado de Pico Truncado y posteriormente con la creación del Juzgado de Las Heras, accedió a ese juzgado. Pero la mayor parte se tramitó en Truncado. Ahí también se cometieron irregularidades, porque el doctor Gargaglione determinó detenciones y luego pasó como fiscal, y así se sucedieron una gran mezcla de funcionarios judiciales”, opinó.

Impunidad

Por este motivo, Luciani consideró que “todo esto tendrá consecuencias y después gran parte de la acusación se basa en testimonios. Un caso es el de un testigos que estaba en el lugar de los hechos. Esa persona hizo declaraciones en sede judicial y posteriormente declaró que hizo todo bajo presión por amenazas y torturas de la policía”, adelantó.

Con relación a Catrihuala, indicó que estuvo detenido tres años. “Como casi todos los imputados permanecieron detenidos por ese tiempo y han hecho denuncias por torturas y apremios ilegales. Por eso estamos hablando que la han pasado muy feo”, detalló.

Además opinó que “será un juicio muy interesante por todo lo que desembocó políticamente en la provincia. Es un hecho que ha quedado impune, sin esclarecer y es importante para la historia de Santa Cruz, saber lo qué pasó en ese momento. Será muy importante que se defina”, aseveró.

También opinó que también podrían citar a funcionarios que en aquel momento ocupaban cargos en la provincia. “Nosotros lo vamos a pedir, inclusive vamos a citar a Sergio Acevedo (en aquella oportunidad Gobernador de la provincia). Hemos tenido la oportunidad de hablar con él y no tendrá problemas en hacerlo y creemos que tiene muchas cosas para decir, como lo que pasó, su renuncia, entre otros temas”, adelantó.

El caso que sucedió hace siete años se trató de uno lamentable hecho de sangre, en el cual, además del homicidio del oficial Sayago, hubo otros cinco efectivos heridos de bala y varios contusos a causa de la agresión perpetrada por un grupo de manifestantes que había concurrido a reclamar la liberación del dirigente petrolero Mario Navarro a la Alcaidía de la localidad.

A siete años del violento episodio que dejó una comunidad dividida y varios interrogantes sobre los autores del crimen, en el transcurso de la etapa de instrucción hubo varios detenidos con relación al caso, y actualmente algunos de los implicados permanecen libres.

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