Julio Garro quiere capacitar a los cooperativistas que despidió y reprimió salvajemente

Julio Garro quiere capacitar a los cooperativistas que despidió y reprimió salvajemente

El intendente macrista suscribió un convenio con la UNLP que en una primera etapa abarcará a unos 2.000 trabajadores del sector. Mientras tanto, avanza en la criminalización de la protesta social con un proyecto de ordenanza que busca aplicar el protocolo represivo de Patricia Bullrich a la jurisdicción municipal. Mano dura y limitaciones a la libertad de expresión. Críticas de Saintout.

Julio Garro firmó un convenio con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) para que los cooperativistas se formen en oficios de albañilería, poda, seguridad e higiene, y primeros auxilios. Sin embargo, desde su llegada a la Municipalidad, el intendente macrista ha demostrado un profundo enseñamiento hacia el sector, echando y reprimiendo a trabajadores que se desempañaban en diversas áreas como empleados de la comuna.

Las críticas no se hicieron esperar. La conceja kirchnerista, Florencia Saintout, afirmó a través de Twitter: "Julio Garro despidió a los cooperativistas, los reprimió con balas de goma y ahora dice que los va a capacitar".

El acuerdo, que abarcará en una primera etapa a 2.000 trabajadores, será llevado adelante por la Escuela Universitaria de Oficios, que coordina María Bonicatto.

No es causal que este convenio llegue en momentos en que Garro y su subsecretario de Proyectos Especiales, Mauro Palummo, se proponen profundizar la criminalización de la protesta social en todo el partido y ampliar la millonaria transferencia de fondos públicos hacia empresas “amigas”.

El intendente comenzó su gestión con una emergencia ambiental y sanitaria que le permitió aumentar en un 50 por ciento el subsidio a la empresa de recolección de residuos Esur SA y echar a la mitad de los cooperativistas que empleaba la gestión anterior para el barrido de calles y el tratamiento de la basura.

Mientras unos 4.500 trabajadores quedaban en la calle con sueldos adeudados, Esur SA se aseguraba casi 600 millones de pesos al año, a pesar de prestar un servicio deficiente y cubrir tan sólo un 35 por ciento del distrito.

El conflicto derivó pronto en una serie de protestas frente al Palacio Municipal que terminaron el 8 de enero con una brutal represión, en donde más de 20 manifestantes resultaron heridos por balas de goma y gases, entre ellos mujeres y niños.  

Ahora, al mismo tiempo que Garro impulsa la capacitación de los cooperativistas, avanza con un proyecto de ordenanza para aplicar en La Plata el protocolo represivo de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

La iniciativa, que califica a los manifestantes como delincuentes, tiene como objetivo principal “garantizar la libre circulación” en la vía pública haciendo uso de la fuerza. La lógica, al igual que el protocolo nacional, es primero reprimir y luego abrir canales de diálogo.

“Una vez liberadas las vías de circulación, el personal de seguridad afectado, informará a los funcionarios pertenecientes a la Secretaría de Seguridad de las demandas involucradas, y al personal civil que considere pertinente de los organismos y/o entidades involucradas, con el fin de establecer una instancia de negociación con el líder o representante del grupo de manifestantes para canalizar los reclamos a las áreas que correspondan”, sostiene el artículo 11 en su inciso IV.

El protocolo municipal también limita el trabajo periodístico y el efecto de control sobre los operativos policiales, vulnerando no sólo el derecho a la protesta sino también la libertad de expresión.

“La participación de los medios de comunicación se organizará de modo tal que los periodistas, comunicadores y miembros de sus equipos de trabajo desarrollen su labor informativa en una zona de labor determinada, donde se garantice la protección de su integridad física y no interfieran con el procedimiento”, establece el artículo 12 del proyecto de ordenanza que redactó Palummo.

Los negociados de Garro con el sector privado ya provocaron que más cooperativistas se quedaran sin su fuente laboral este mes, a pesar de que la Municipalidad niega el nuevo conflicto. En San Carlos, unos 150 trabajadores continúan reclamando los pagos atrasados desde diciembre. Situaciones similares se viven en Altos de San Lorenzo, Romero y Los Hornos, entre otros barrios platenses, que han quedado marginados y con sus vecinos sin acceso al trabajo.

En este explosivo escenario de ajuste y represión, el anuncio sobre la capacitación de cooperativistas aparece como una pantalla con la que se busca ocultar un modelo profundamente excluyente.

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