El fiscal federal ad hoc Diego Jesús Vigay aseguró que, “con los juicios que deben concretarse este año, estaremos reconstruyendo el rompecabezas que fue la estructura del terrorismo de Estado en el Chaco y que tiene distintas dimensiones y diversos actores con roles complementarios”.

“En esa estructura tenemos lo que hace a la intervención y connivencia de funcionarios judiciales federales de la época, de profesionales médicos, de oficiales del Servicio Penitenciario Federal; todos actuando coordinadamente con el Área de Inteligencia del Ejército y con personal de la Brigada de Investigaciones de la Policía del Chaco”, destacó.

En primer lugar se llevará adelante el debate oral que tendrá en el banquillo al exjuez federal Ángel Córdoba y el exsecretario del Juzgado Federal y luego fiscal Federal Roberto Mazzoni por los delitos de tormentos y privación ilegal de la libertad contra una decena de exdetenidos políticos que se encontraban a disposición del Juzgado Federal, todo en concurso real con el delito de asociación ilícita.

En este mismo proceso también deberá juzgarse la complicidad del Servicio Penitenciario Federal y la responsabilidad que tuvo Pablo César Casco, jefe de guardia del Servicio Penitenciario Federal de actuación en la U7 durante los años 76 y 77, por la comisión de los delitos de asociación ilícita y tormentos.

El segundo juicio que se presenta es por un caso de violencia sexual en el carácter de crimen de lesa humanidad, con la consideración de que se trata como delito específico considerándolo parte sistemática del terrorismo de Estado en el Chaco.

Por otro lado también se deberá concretar un juicio contra los imputados Albino Borda, Enzo Breard, Humberto Lucio Caballero, Ángel Jorge Ibarra, Gabino Manader, José Marín, Ramón Esteban Meza, Luis Alberto Patetta, Miguel Pelozo, José Francisco Rodríguez Valiente por los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos, contra militantes políticos universitarios y barriales.

También se llevará a cabo el juicio por la desaparición del matrimonio integrado por Sara Fulvia Ayala y Pedro Morel, oriundos de la provincia de Formosa, militantes de las Ligas Agrarias Correntinas vinculado al PRT en la zona de Goya, y vistos con vida por última vez en la Brigada de Investigaciones en 1977.

En este caso están imputados por el delito de privación ilegitima de la libertad (desaparición forzada de personas) Betolli, Borda, Breard, Caballero, Manader, Marín, Meza, Patteta y José Rodríguez Valiente.

La unificación

Por otra parte, la Fiscalía reiteró que se plantearon en repetidas presentaciones la celeridad y la unificación de todos estos casos con el argumento de la economía procesal, con la posibilidad concreta de que se puedan agrupar en un solo megajuicio, teniendo en consideración fundamentalmente las edades avanzadas de los imputados, los familiares y las víctimas.