Ayer por la mañana comenzó a ser juzgada en el Tribunal Oral Federal, María Cristina Albarracín, imputada por el delito de “Trata de personas agravado en calidad de partícipe secundaria”, acusada de regentear el local nocturno “Sorpio”, ubicado sobre la Ruta 157 en Las Esquinas, departamento La Paz, que fue allanado el 5 de octubre de 2013, por órdenes de la Justicia Federal.

El otro imputado en la causa, José Eduardo Beltramé, que también iba a ser juzgado, se encuentra prófugo de la Justicia, por lo que en el inicio del debate el Tribunal reiteró su pedido de dar con su paradero para que responda por el hecho.

El abogado defensor de la mujer, Víctor García, solicitó luego de la lectura de la requisitoria de elevación a juicio, que se cambie la carátula por la cual se juzga a su defendida, y que ésta responda por “facilitación de la prostitución”, lo que significaría un cambio de competencia, pero el tribunal resolvió, luego de correr vista al fiscal Rafael Vehils Ruiz, que reformule el pedido en el marco de los alegatos.

Albarracín se abstuvo de declarar y tras esto, se dio paso a los testigos de la causa.

Testigos

En primer lugar, brindó su testimonio Jorgelina González, una trabajadora social que entrevistó a las alternadoras en el procedimiento.

La licenciada relató lo que las mujeres le trasmitieron, dando cuenta de que cada una de ellas “se encontraba en situación de vulnerabilidad” y que “no ejercían la prostitución por gusto, sino por falta de educación y de oportunidades y por la imperiosa necesidad económica de sostener a sus familias”.

En este sentido, la mujer dejó trascender que lo recaudado por las trabajadoras sexuales era resguardado por la regente, quien a medida que las alternadoras le solicitaban dinero, se los otorgaba.

A su vez, también indicó que las jóvenes se encontraban aisladas y con falta de medios para retirarse, y que las habían “aleccionado” sobre lo que tendrían que declarar en el caso de que intervengan las autoridades.

La mujer, que tras las entrevistas elaboró un informe sobre lo que le relataron las alternadoras, aseguró que éstas le expresaron que la regente les cobraba $500 mensuales a cada una de las chicas en concepto de alquiler, para que habiten en el mismo lugar en que recibían a los clientes en horas de la noche.

Señales evidentes

Otra testigo que se presentó ante el tribunal fue la, en ese entonces, encargada del área de Trata de Personas, Ana Laura Garay, quien actualmente se desempeña como Jefa de la Unidad Regional Nº3.

La mujer también dio a conocer detalles del operativo realizado.

Luego de esto, prestó su testimonio un cliente ocasional que se desempeñaba como camionero y dijo haber estado presente en el lugar en el momento del allanamiento.

El hombre relató que los policías lo retuvieron hasta las 6 de la mañana, cuando concluyó el procedimiento; pero que no observó en su estadía a ninguna de las mujeres en estado de nervios o llorando por la situación que se daba.

También hicieron lo propio varios testigos que fueron llevados por el personal interviniente desde San Antonio de La Paz, quienes estuvieron durante el allanamiento y corroboraron que vieron gran cantidad de preservativos, muchos de ellos usados en el baño y, según consideraban, en el lugar había señales evidentes de que se llevaban a cabo actos de prostitución.

Alegatos

Fuentes judiciales confirmaron que los alegatos finales de cada una de las partes se llevarán a cabo el 2 de marzo a las 10.

Prófugo

Quien durante el debate fue señalado como el propietario de la whiskería, José Eduardo Beltramelo, está prófugo de la Justicia y no se presentó a ser juzgado.

Malas condiciones

Las jóvenes, que no cobrarban en el momentos por los servicios sexuales, también pagaban un alquiler de $500 para alojarse en la misma habitación en la que recibían a los clientes.

Uno de los testigos dijo ver bajo las camas galletitas saladas y picadillo, ya que las jóvenes no habrían tenido acceso a condiciones óptimas de higiene.