En la tercera y última jornada del 1° Simposio Internacional “Delitos de lesa humanidad y Holocausto” que tuvo como sede la UNSL, el intendente, Enrique Ponce, expuso sobre los juicios a los represores de la provincia que durante la última dictadura militar estuvieron involucrados en el secuestro, desaparición y asesinato de personas. La disertación del jefe comunal fue a partir de su participación como abogado querellante en la causa vinculada a delitos contra los Derechos Humanos.

En un auditorio Mauricio López con poco menos de la mitad de sus butacas ocupadas por oyentes que ayer se acercaron hasta la casa de estudios superiores, Ponce dio el toque de cierre de un congreso que si bien trató de cerca temas lastimosos de la historia reciente de la Argentina y del mundo, fue una importante oportunidad de revisión histórica sobre el exterminio y genocidio perpetrados por el Estado.

Por el privilegio que le otorgó ser uno de los que impulsó y experimentó el histórico proceso judicial que dejó a cinco represores tras las rejas (Carlos Esteban Pla, Víctor David Becerra, Miguel Ángel Fernández Gez, Luis Orozco y Juan Carlos Pérez), el intendente de San Luis describió con detalles el expediente de la causa, que culminó con una "sentencia ejemplar porque demostró que -la dictadura militar- fue un plan sistemático".

"Con la declaración de nulidad insalvable del Parlamento argentino de las leyes de Punto Final y Obediencia debida, posibilitó en términos jurídicos que se reactivaran todas las causas que habían quedado impunes. En ese contexto, en 2006, las compañeras de la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos), Lilian Videla y Esther Picco me pidieron que las representara", explicó Ponce.

Además, el jefe comunal destacó que el juicio que se realizó en San Luis contra los responsables de asesinar a Graciela Fiochetti y de la desaparición y muerte de Pedro Valentín Ledesma, "Sandro" Santana Alcaraz y los tormentos sufridos por Víctor Carlos Fernández; fue el primero en todo Cuyo y el sexto que se llevó adelante en el país.

"Luego de que se dio la instrucción para averiguar los responsables de los delitos de lesa humanidad, el estado argentino cargó políticamente a través de mecanismos legales esa responsabilidad, a las propias fuerzas armadas", indicó y agregó: "Hubo allí responsables de encubrimiento, porque los mismos mandos medios eran los que tenían que juzgar a sus superiores dentro de un contexto de una matriz ideológica, con un rol que se reivindicó hasta hoy por parte de los genocidas", señaló Ponce, quien agregó que los propios asesinos de Fiocehtti fueron los que hicieron, aún en tiempos de dictadura, el expediente de la muerte de la víctima y que con el devenir de la democracia, el documento fue un elemento fundamental para demostrar la culpabilidad de los responsables.

"Fueron casi tres años de instrucción donde hubo una reticencia absoluta de la Justicia Federal de San Luis para llegar a las últimas consecuencias. No prosperaron ninguna de las causas, prácticamente estaban las denuncias y nunca más se llamó a declaración indagatoria hasta que se archivaron", señaló el intendente, quien anunció que el segundo juicio tendrá unos cincuenta imputados.