Las acusadas son dos mujeres, quienes estaban al frente de Covianel. El proceso empieza hoy a las 9.
El Ministerio Fiscal estará representado por el fiscal de Cámara Rómulo Patti, mientras que las imputadas serán asistidas por un abogado particular.
Las audiencias de debate, también previstas para mañana, prevé la comparencia de varios testigos propuestos por las partes, entre ellos peritos del Poder Judicial.
Investigaciones realizadas por este diario permiten afirmar que el titular del Juzgado de Instrucción Uno, Mauricio Zabala, indagó a las acusadas el 16 de diciembre de 2011 y que poco después envió la causa a juicio.
En la instancia procesal, las mujeres, por consejo de su abogado, se negaron a dar testimonio respecto de las incriminaciones. Se indicó, además, que la prueba lograda por los investigadores judiciales da cuenta de que Leguizamón y Uribe tenían la administración y cuidados de los bienes sociales y que, al parecer, para cometer el delito utilizaron una delegación efectuada por una Asamblea Ordinaria de la Cooperativa.
Se sabe que la reunión resultó violatoria a las normas de la Ley 20.337 y al Estatuto de la Cooperativa y que tuvo como propósito central el de “perjudicar los intereses que le fueran confiados”, vendiendo a un grupo integrado por cuatro personas, un fracción de tierra de 12 hectáreas individualizado como Lote E. Nomenclatura Catastral 0923-060-5275, que la Cooperativa poseía en el sector llamado Cañadón de las Cabras.
El convenio entre las acusadas y compradores se concretó el 15 de diciembre de 2008 por una suma total de 200 mil dólares.
La compra de las tierras
La Cooperativa compró 120.000 metros cuadrados de tierra a la Municipalidad local el 25 de septiembre de 1975 y el 23 de mayo de 1984 el Concejo Deliberante, a través de la Ordenanza 2050, resolvió autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal otorgar escritura pública traslativa de dominio a favor de Covianel.
El 21 de diciembre de 2007, las acusadas que aún permanecían en los respectivos cargos, convocaron a una asamblea extraordinaria que se realizó siete días después en el barrio Gregorio Álvarez.
Las tierras, que hoy se mantienen intactas y tienen un valor sumamente superior a lo que fueron comercializadas en 2008, se encuentran ubicadas a unos 1.500 metros del barrio Salud Pública.
También se informó a este diario que las tierras fueron recientemente subdividas en tres grandes parcelas y que una de ellas a su vez se fragmentó en 51 lotes, donde se construirían viviendas.
Por el momento, se desconoce si es Covianel quien prevé la construcción del barrio en ese lugar. No se descarta que la ejecución de las obras quede en manos de algunos de los compradores.
Juan Horacio Benítez, actual secretario general de la Asociación Neuquina de Empleados Legislativos (ANEL), dijo que el gremio es “ajeno a las presuntas maniobras fraudulentas”.
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