El día 2 de julio juzgarán oral y públicamente a la exintendenta de la localidad de San Francisco del Laishí. El debate oral y público tiene la característica de ser dinámico y persigue la transparencia y el control republicano. Las personas intervinientes fueron notificadas legalmente para prestar declaración testimonial, en la Audiencia de Debate (Juicio oral y público), en la causa que está caratulada como “Oviedo de Franco Nerea y otros s/infracción, malversación de caudales públicos, fraude contra la Administración Pública, falsedad ideológica y abuso de autoridad”, por disposición del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa, Secretaría de Cámara a cargo del doctor Carlos Peralta.

Inicialmente, en el año 2.004, la señora Amelia Banegas denunció a la extitular del poder ejecutivo laisheño Nerea Oviedo, a su esposo Enrique Franco y a su hermano Isidoro Oviedo; por apoderarse indebidamente del dinero afectado al plan social “Jefes y jefas de hogar desocupado”. En este sentido, Banegas expuso que la defraudación fue posible por el cargo que ocupaba Nerea Oviedo, que contó con la complicidad de otros funcionarios municipales.

El Libro Segundo, Título XI, del Código Penal Argentino (CPA), trata sobre los delitos contra la Administración Pública y en su artículo 261 expresa, “Será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo…”. Asimismo, el artículo 174, inciso 5, del Código Penal Argentino se refiere al fraude contra la Administración Pública y estipula una prisión de dos a seis años y el delito de falsedad ideológica, según el artículo 293 del mismo Código prevé prisión de uno a dos años. El abuso de autoridad está contemplada en el artículo 248 del CPA y establece reclusión de uno a seis años.

En el año 2002, la exintendente habría dictado un decreto municipal, motivado en la crisis económica que atravesaba el país, fundamentando dicha decisión en la falta de fondos para pagar los salarios de los empleados municipales; por este motivo habría invitado al personal municipal a acogerse a los beneficios del plan “Jefes y jefas de hogar desocupado”, previa solicitud de licencia anual extraordinaria sin goce de sueldo. Así habría generado un estado de desempleo, con lo cual se vería como desocupados a las personas que en realidad tenían una relación de dependencia con el municipio.

Nerea Oviedo de Franco sería penalmente responsable del delito de malversación de caudales públicos, fraude en perjuicio de la Administración Pública Nacional, falsedad ideológica y abuso de autoridad. La acusada fue concejal de Misión Laishí entre los años 1.995 y 1.999, en ese último año fue elegida intendenta de la localidad, cargo en el que se mantuvo hasta el año 2.011. Incluso, Oviedo fue la encargada, en su condición de jefa municipal, de coordinar y controlar los requisitos para acceder al plan “Jefe y jefa de hogar para desocupados”, pero igualmente habría incluido deliberadamente en la lista de beneficiarios a personas que no reunirían las condiciones para percibir el subsidio nacional, tal es el caso de los empleados municipales. Más aún, la exintendenta habría descontado de los haberes de personal municipal masculino la suma de $150,oo (Ciento cincuenta); sin ser beneficiarios del plan, a pesar de que lo habrían sido sus esposas. Esto le habría permitido a la exfuncionaria obtener beneficios económicos importantes.

Otro de los implicados, Isidoro Oviedo sería partícipe necesario de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude contra la Administración Pública Nacional, falsedad ideológica y abuso de autoridad; fue Secretario municipal desde 1.995 hasta 2.011 y en el presente es concejal del pueblo de Laishí. Por su parte, el esposo de la principal responsable de los hechos, Enrique Franco, también sería partícipe necesario de los delitos de fraude contra la Administración Pública Nacional y responsable del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público; fue elegido intendente por el período 1.995- 1.999, concejal desde 1.999 hasta el año 2.009 y actualmente es diputado provincial.

Todos los acusados habrían realizado actividades fuera de la ley, en detrimento de los fondos públicos; a partir de los descuentos en los haberes de los empleados municipales, bajo el rubro “descuentos móviles”. Este es el momento en que la justicia deberá determinar las penas que les corresponden a cada uno de los inculpados.