El proyecto de ley figura en el expediente 3815/06 -con fecha 23 de octubre de 2006- de la Cámara alta y está dirigido al entonces presidente del Congreso, Daniel Scioli. El proyecto perdió estado parlamentario cuando Cristina ya era presidenta y pasó al olvido.

En el texto, la senadora Fernández de Kirchner retoma otros proyectos como el de Jorge Yoma. Paradójicamente, hoy es el diputado riojano quien impulsa solitariamente esta iniciativa a la que se opone el gobierno. Yoma es el presidente de la Comisión de Justicia y ya avisó que pondrá el proyecto en debate, pese a que el kirchnerismo no quiere saber nada.

El proyecto recuerda que el juicio por jurados está establecido en la Constitución Nacional de 1994. El artículo 24 establece que “el Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos, y el establecimiento del juicio por jurados”. Los artículos 75 (inciso 12) y 118 también indican que debe crearse este mecanismo.

A casi veinte años de la reforma, todavía no se cumplió esta normativa y parece que Cristina Kirchner dejó pasar una oportunidad única. Pero el no establecimiento del juicio por jurados no es nuevo. La Constitución de 1853 ya los estipulaba, aunque nunca se aplicaron. Actualmente, sólo en la provincia de Córdoba hay un sistema vigente y varias provincias lo tienen en carpeta.

El proyecto presentado en Cristina Kirchner en 2006 establecía que el juicio por jurados se utilizará para los delitos contemplados en el Código Penal con penas mayores a los ocho años de prisión. El jurado –integrado por doce miembros titulares y seis suplentes- era el encargado de calificar los hechos pero el juez imponía las penas.

En plena campaña electoral de 2011, cuando presentó el portal sobre información jurídica Infojus, la mandataria declaró que "sería bueno comenzar a repensar si podemos recuperar esa demanda constitucional del juicio por jurados". Sin embargo, la idea tampoco fue incluida cuando se conformó en 2012 la comisión para la reforma del Código Penal.

Cuando el año pasado el gobierno comenzó a impulsar su plan para reformar la justicia, inmediatamente se habló del juicio por jurado, un símbolo de la democratización judicial y participación ciudadana. Sin embargo, tanto el 1 de marzo pasado en la Asamblea Legislativa como ayer, la presidenta no incluyó este mecanismo dentro de los proyectos.