Ayer en la Sala N° 3 de la Cámara Penal comenzó el juicio a los exintendentes del municipio de Ullum, Agapito Gil y Alfredo Ortiz, quienes están acusados por defraudación y estafa en perjuicio de la administración pública mediante hechos que ocurrieron en julio de 1997.
Los exfuncionarios están imputados en cuatro hechos en los cuales habrían girado pagos por $3690 a particulares por servicios que nunca fueron realizados en el municipio.
Los pagos quedaron acreditados en cheques firmados por el exintendente y la extesorera Esther Reynoso, quien también está acusada al igual que Pedro Bravo, quien era el encargado de Compras y Mario Serrano, encargado del Camping Municipal durante la gestión de Gil.
Los hechos que fueron investigados en la causa habrían quedado acreditados tras conocerse que Alberto Molina, quien aparece como proveedor del servicio ya que las facturas emitidas estaban a su nombre, dijo que nunca hizo ni cobró ninguno de los trabajos que quedaron consignados en la factura.
Algunos de ellos están referidos a reparación de maquinarias del municipio, trabajos de desinfección y arreglos de calles, entre otros.
El proceso judicial fue dilatado en incontables oportunidades, tanto, que la causa prescribe el 9 de septiembre, lo que hizo creer en tribunales que no prosperaría.
Ahora los jueces que participan del proceso, Ricardo Conte Grand, Eugenio Barbera y Eduardo Gil, estimaron que se podría llegar a dictar sentencia en septiembre.
La defraudación y estafa al Estado es un delito excarcelable, aunque de sentenciarlos como culpables, los imputados no podrán seguir ejerciendo sus funciones, ya que Agapito Gil es actualmente secretario del bloque del PJ en Diputados, en tanto que Alfredo Ortiz es el titular de la Unidad de Coordinación de Bosques Nativos.
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