“Juicio y castigo al juez Hooft”

“Juicio y castigo al juez Hooft”
Así se titula un comunicado de la Mesa Multisectorial de Derechos Humanos de Mar del Plata. Hubo durísimas críticas a la protección mediática que tendría Hooft de cierto sector de la prensa.
La Mesa Multisectorial de Derechos Humanos de Mar del Plata con la adhesión de la Agrupación H.I.J.O.S. Resiste, el ex Fiscal de Bahía Blanca Dr. Hugo Cañon, Ledda Barreiro (Abuela de Plaza de Mayo), Eliseo Ricardo Pérez, Pablo Mancini, Miguel Molinari (Agrupación ex detenidos), Adela Basualdo (Apdh Mar del Plata) y Fabián Muñoz (Comisión de Apoyo a los Juicios por delitos de Lesa Humanidad) hicieron público el siguiente documento:

JUICIO Y CASTIGO AL JUEZ HOOFT

Tenemos la absoluta convicción que la subsistencia de hombres como Pedro Federico Cornelio Hooft, así como de otros tantos funcionarios judiciales y actores del derecho dentro del sistema judicial argentino, es posible por las normas que regulan el sistema, por la actitud corporativa de una parte de la estructura y por intereses económicos que se entrelazan con ciertos sectores políticos y del aparato mediático.

La permanencia de cuadros judiciales de la dictadura dentro del sistema democrático, fue desde el origen de la democracia actual un problema que generó graves perjuicios estratégicos a la República. Valga como ejemplo actual, las declaraciones del ex fiscal Strassera en apoyo directo al suspendido juez Hooft. Strassera nombrado fiscal durante la última dictadura cívico militar eclesiástica, jugó un rol importante dentro del equipo de profesionales que armaron los juicios a las juntas; primero como constructor de las medidas técnicas que hicieron posible que se juzgaran a los comandantes de las mismas, sin avanzar sobre el resto de las estructuras militares, ni que hablar sobre los actores civiles parapoliciales y paramilitares y menos aún sobre los poderes económicos, eclesiásticos y mediáticos que permitieron y fomentaron el genocidio.

Strassera fue tan “eficiente” en su trabajo que gracias a su investigación y acusación fiscal incluso personajes como Galtieri resultaron sobreseídos. El instrumento que el contribuyó a construir resultó la plataforma ideológica judicial de la teoría de los dos demonios, las leyes del perdón que él hipócritamente rechazó y estas a su vez, fueron la base para una impunidad que perduró treinta años.

Por estos motivos no nos sorprende ver en una misma foto a Strassera con Lilita Carrió, el Momo Venegas, Macri y otros protagonistas de la derecha, al lado de oportunistas autodenominados de izquierda, luego de una marcha junto a Cecilia Pando…

Menos sorpresa nos genera la cobertura de la “denuncia” del presunto criminal de lesa humanidad Hooft en el matutino La Capital, la continua publicación gratuita de sus solicitadas de apoyo, la cuasi censura sobre los acusadores formales. La tergiversación de los dichos y de los hechos. Tampoco los dichos y ataques de José Luís Jacobo, durante los primeros tiempos de la democracia camuflado en el MID, (Movimiento de Integración y Desarrollo), luego infiltrado en lo que paso a ser la Asamblea Permanente por los derechos Humanos, quien interpreta desde hace años, un rol de agente comunicacional de personajes como Hooft, o como Demarchi, actualmente en prisión…acusado de crímenes de lesa humanidad.

Hooft, uno de los principales conspiradores de los Juicios por la Verdad que sentaron las bases de los juicios penales que permitieron castigar a varios genocidas, creó un eficiente grupo de tareas en el que Jacobo resaltó por su saña persecutoria y obsesiva sobre distintos actores del sistema judicial que intentaban quitar el manto de impunidad del pasado para que aparezca la verdad. El Juez Falcone, el Fiscal Adler, la actual Jueza Di Clemente, los doctores Sivo y Messineo, entre otros tantos fueron y son atacados en forma permanente. No es casualidad que estos sean los principales querellantes en las causas por delitos de lesa humanidad y por tanto sean también sus blancos predilectos.

En Mar del Plata existe un acuerdo sectorial poderoso histórico. La dilación en el avance de la justicia y en la reforma de la misma contribuyó a que esto se desarrollara primero en la figura de grupos y personas. Como es el caso de ciertas familias “patricias” beneficiadas por la dictadura, del titular del Diario La Capital, Florencio Aldrey y su relación con militares como Ibérico Saint James, parte de la Iglesia, así como una selección de profesionales, un verdadero equipo, que permanece incólume, pagando sus impuestos y viviendo como ciudadanos comunes y que, en algunos casos, son poseedores de valiosa información sobre nietos secuestrados, destino de varios desaparecidos y propiedades privadas de personas exterminadas durante el régimen.

Pedro Federico Hooft era un protagonista central dentro de la administración de la justicia genocida. Por este motivo instruyó respuesta negativas a los pedidos de Habeas Corpus, en algunos casos con costas, antes siquiera de recibir las respuestas a los pedidos de informe requeridos, en forma reiterada y sistemática; acciones que lo instalan como actor administrativo primario dentro de la metodología de la desaparición forzada de personas en la zona.

Hooft, ¨cajoneó¨ el Habeas Corpus del Dr. Candeloro cuando fue informado por su amigo el Coronel Pedro Barda, (luego condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad), de la muerte del Dr. Candeloro en ¨intento de fuga¨ en el centro clandestino de detención “La cueva”, Hooft da por cerrado la causa y no informa a la familia Candeloro. Por este motivo se lo vio visitando los centros de la tortura y de la muerte. Este es solo un ejemplo dentro de las más de 130, (ciento treinta), acusaciones que pesan sobre él.

Luego la bioética, su cátedra, sus intervenciones, la construcción de una industria del “favor”, donde desfilaron distintos personajes que hoy brindan su firma en apoyo, incluso bajo presión, lista en mano de sus propios empleados dentro mismo de tribunales. Una constante estrategia para reciclar una historia plagada de movimientos fríos y calculados. Con el mismo tono monocorde, enfundado en su traje gris, Hooft cerró causas, firmo expedientes, perdió otros e inició investigaciones muchas veces con el único objeto de defender sus intereses personales el de su grupo de tareas.

Hooft es el más acabado ejemplo de cómo la pata civil fue necesaria en la desaparición de 30.000 personas. Hooft le dio, como tantos jueces y fiscales de la última dictadura, el marco jurídico al terrorismo de Estado y ayudo a crear e instaurar la figura del ¨desaparecido¨ en Mar del Plata.

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