El doctor Pedro Velázquez Ibarra continúa revelando, en presentaciones judiciales, la trama de la justicia paralela en un caso emblemático de violación de derechos humanos con abuso de poder perpetrado institucionalmente por el Gobierno Provincial.
Por la gravedad de las violaciones a los derechos humanos en el caso concreto, el doctor Velázquez Ibarra asegura que, cualitativamente, es similar a lo ocurrido en la tristemente célebre "Comisaria del Menor" donde murieron calcinados ocho niños , siendo casualmente la hoy jueza Marta Zucchet la Secretaria del Juzgado de Menores bajo cuya guarda estaban los niños por el sólo "delito de ser pobres", constituyendo la mayor violación a los derechos humanos ocurridos en el país en la época democrática.
"La doctora Zucchet -foto- jura por la Biblia y ante el Superior Tribunal de Justicia, pero en su función se somete a la Fiscal de Estado para cumplir órdenes del Gobernador, de acuerdo a lo invocado por la doctora Zavala de Copes", afirma el reconocido abogado defensor de derechos humanos.
EL CASO
La demanda de daños y perjuicios por violación de derechos humanos se tramitó en la causa "Sánchez de Delgado y Otra C/ Ministerio de desarrollo Humano" ante la Sala II del Tribunal del Trabajo a raíz de que el 23 de junio del año 2000, tres trabajadoras estatales que prestaban servicios en el Hogar de Ancianos de la localidad de Fontana, son alevosamente atacadas a balazos por el interno Juna Pedro Spuchet, quien con varios antecedentes de agresiones anteriores y una condena penal que lo llevo a cárcel, es reingresado al asilo por orden del Ministro Alberto Zorrilla alegando que se trataba de ?un pedido del amigo Intendente" de la localidad, desdeñando todos y cada uno de los informes sobre la extrema peligrosidad del individuo y la inconveniencia de mantenerlo en el establecimiento, tal como consta en el expediente judicial.
El día de la criminal agresión, alrededor de las 7.30 las tres empleadas se encontraban reunidas en una galería, circunstancias en que el agresor se acerca y sin intercambiar ninguna palabra, saca un arma de fuego que ocultaba en su espalda y comienza a disparar contra las tres indefensas mujeres. De tal manera con el primer disparo mata a la Directora Orfilia Aranda, quien muere en el acto, para luego continuar disparando contra la señora Ortiz de Torres, quien recibió un balazo en la cabeza, y contra la señora Sánchez de Delgado, quien recibe impactos en la zona abdominal y en la pierna derecha.
Las trabajadoras agredidas por responsabilidad exclusiva y excluyente de las autoridades, que mantuvieron al victimario contra todos los dictámenes y antecedentes penales que revelaban una extrema peligrosidad, jamás fueron atendidas por el Estado empleador pese a depender del Ministerio de Desarrollo Humano, precisamente, cuyo titular el doctor Alberto Zorrilla fue justamente el máximo responsable de la tragedia, y todos y cada uno de los gastos para tratar su salud hasta el día de hoy lo solventan las victimas pagando al IASEP con sus magros salarios.
La señora Sanchez de Delgado fue internada en gravísimo estado siendo intervenida quirúrgicamente en varias oportunidades, quedando una bala alojada en la zona de la columna vertebral, que no puede ser extraída.
La señora Ortiz de Torres fue sometida también a varias operaciones manteniendo una de las balas y esquirlas a la altura de la vértebra cervical.
Siendo gravísimas las heridas físicas padecidas absolutamente irreparables con todos los largos y costosos tratamientos, lo peor, como secuela directa de la agresión padecida, son las alteraciones psíquicas de ambas trabajadoras que se proyectan a todo el grupo familiar, sin posibilidad alguna de recuperación.
Así la perito psicóloga del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial determina un sinnúmeros de padecimientos por agudo estrés postraumático crónico, carencia de orientación temporal, dificultad en la atención, concentración y memoria, imposibilidad de valerse por sí mismas, sentimientos de inferioridad, rechazo y humillación, generación de respuestas fisiológicas a estímulos externos que le recuerden al hecho traumático, llanto inmotivado, ansiedad, intranquilidad, desosiego, temor y horror intenso provocados por la reexperimentación persistente de la agresión por medios de imágenes, pensamientos y percepciones, pesadillas, insomnio, ánimo deprimido, fatiga, perdida de energía, sentimiento de minusvalía y culpa, ansiedad de comer sin tener apetito, idea de suicidio, etc., etc.
Después de más de diez años de litigio por la oposición del Estado a reconocer los daños y perjuicios, llegando la Fiscal Estela Zavala de Copes a la inmoralidad de plantear la prescripción de la acción como defensa, el juicio concluye con sentencia y planilla de liquidación firme en el año 2012, reconociéndose a las victimas una magra suma de .000.000 como precio a la destrucción total de su salud psicofísica y de la de sus respectivos grupos familiares.
En esta causa la jueza Zucchet decide aplicar la legislación de emergencia para permitir que el Poder Ejecutivo pague en cuotas y sin interés el monto reconocido en la sentencia, siendo la propuesta original de la Fiscal de Estado de .000 mensuales, invocándose "instrucciones" del gobernador Gildo Insfrán. De tal manera, teniendo en cuenta que la agresión se cometió el 23 de junio del año 2.000, los daños y perjuicios reconocido judicialmente se terminaría de pagar, con suerte, más de 20 años después, circunstancia que un sí mismo revela una despiadada violación a derechos elementales de todo ser humano, como son la vida y la salud, amén de la integridad familiar de las trabajadoras estatales que quedaron para siempre devastadas.
JUEZA SIN VERGÜENZA
En la misma causa se regulan honorarios al doctor Velázquez Ibarra que representó a las víctimas, y de igual manera, siendo también un crédito alimentario, la jueza Zucchet aplica de oficio la legislación de emergencia que, importa recordar, excluye expresamente a tales créditos de dicha legislación, siguiendo la línea impuesta por los tratados internacionales sobre derechos humanos incorporados a la Constitución Nacional y a la ley nacional de emergencia, a la cual adhiere mecánicamente la provincia desde hace diez años, con la salvedad de que el pago de dichos créditos es reglamentado por el Poder Ejecutivo provincial, asumiendo así la suma del poder público el gobernador, colocándose la voluntad de Gildo Insfrán por encima de los tratados de la Constitución Nacional de las leyes de emergencia y de fallos judiciales firmes que, tranquilamente, puede terminar de cumplir después de más de 20 años de que el Estado causara los daños y perjuicios.
El doctor Velázquez Ibarra no acepta tamaña aberración jurídica e institucional por sus honorarios profesionales buscando poner límite a los abusos de poder, a cuyo fin plantea la inconstitucionalidad de la aplicación de la legislación de emergencia en el caso concreto con habilitación de días y horas atento a la urgencia de disponer lo correspondiente a su tarea de años defendiendo a las víctimas.
La habilitación es negada por la jueza Zucchet y posteriormente por el "juez atorrante" como lo calificó el reconocido abogado al camarista penal Fabián Rojas, quien había percibido sus propios honorarios depositados por el gobierno local también en una causa laboral, con lo que queda evidenciado la discriminación del Estado a favor de los magistrados que cumplan con la "ley de obsecuencia debida". Actualmente el reclamo por el pedido de habilitación de días y horas se encuentra a consideración del Superior Tribunal.
En una más reciente presentación judicial sobre la cuestión de fondo el doctor Velázquez Ibarra acusa a la doctora Marta Zucchet de ejercer delictualmente sus funciones jurisdiccionales, incurriendo en actos de corrupción y sin vergüenza,acatando indicaciones telefónicas de la Fiscal de Estado Estela Zavala de Copes, quien a su vez invoca órdenes del gobernador.
Precisando en que consiste la ausencia de vergüenza de la magistrada, el abogado consigna que "es la acepción del término que describe a una persona que abandona, desestima el honor que según su estado le corresponde".
"En tanto la corrupción es "la acción" que modifica negativamente, alterándola en su esencia, un ordenamiento normativo o un status material", describe el profesional del derecho.
Así funciona la justicia paralela en Formosa, cuyo juez supremo es Gildo Insfrán de quien, en definitiva, y más allá de sentencias judiciales firmes, depende la vida, la salud y la integridad de las familias de quienes se ganan el sustento honestamente y deciden no someterse a los designios del poder político, quedando a merced del gobernador decidir a quién, cuanto y como pagan los créditos alimentarios.
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