La jueza accedió al pedido realizado por un ciudadano, basándose en la ley 83 de la Ciudad, que en su artículo 5º dispone que "en ningún caso deberán designarse calles o lugares públicos (...) con nombres de autoridades nacionales, provinciales o municipales que hayan ejercido su función por actos de fuerza contra el orden constitucional y el sistema democrático".

"De la reseña normativa efectuada, se desprende que la subsistencia de nomenclatura urbana alusiva a ex funcionarios de gobiernos de facto no sólo resulta contraria a los principios de nuestro ordenamiento jurídico, relativos a la defensa del orden constitucional y a la promoción de los valores democráticos, sino que además infringe una prohibición expresa contenida en ese sentido en el art. 5º de la Ley Nº 83", señaló.

"No cabe duda de que la subsistencia de nomenclatura urbana alusiva a ex funcionarios de gobiernos de facto resulta claramente contraria al derecho vigente, y que, por ende, las ordenanzas que dispusieron tales nombres a los espacios públicos resultan inconstitucionales", agregó.

En la sentencia difundida por el Centro de Información Judicial, la magistrado criticó la falta de acción de los legisladores con respecto a este tema: "Habiendo transcurrido ya casi veintisiete años desde el retorno de la democracia a nuestro país, y casi doce años desde la entrada en vigencia de la prohibición contenida en el art. 5º de la Ley Nº 83, no se ha desplegado aún una actividad legislativa suficiente a fin de que la nomenclatura urbana resulte acorde a derecho, en consonancia con los principios democráticos que sustentan nuestras instituciones republicanas", expresó.

"Así las cosas, ante la omisión legislativa acreditada (...) corresponde ordenar a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que, mediante el procedimiento previsto en el art. 90 de la Constitución local, se dispongan las medidas tendientes a modificar toda nomenclatura urbana que contravenga lo prescripto por el art. 5º, in fine, de la Ley Nº 83", ordenó la jueza.

* Proyecto de Comisión

En noviembre de 2008, el legislador porteño del Frente para la Victoria, Juan Cabandié, presentó un proyecto de resolución para crear una comisión encargada de reemplazar los nombres de espacios públicos de la Ciudad que remitan a autoridades que hayan ocupado el poder en forma ilegal.

Según la iniciativa, la "Comisión Especial de Nomenclatura Urbana y Democracia" será la encargada de elaborar la propuesta de reemplazo de nombres. Las designaciones a revisar son, entre otros:

- la plazoleta "Ernesto Padilla" delimitada por las calles General Enrique Martínez, Virrey Avilés y El Cano;

- y las calles "Intendente Guerrico", "Capitán Claudio H. Rosales", "Mecánico Militar Leopoldo Atenzo", "Cadete Carlos Larguia" y "Soldado Miguel Santi".

Padilla fue el primer intendente de la Ciudad designado por el general Ramírez, luego de asumir su gobierno "de hecho", tras la destitución del presidente constitucional el 4 de junio de 1943. Duró cuatro días en su función.

Guerrico fue designado intendente por el general Uriburu el 6 de septiembre de 1930, en el primer golpe de estado de la historia argentina.

Rosales y Atenzo murieron el mismo derrocamiento del 6 de septiembre de 1930 al estrellarse con un avión en Campo de Mayo. Larguía falleció ese día frente al Colegio Militar, donde cursaba el 3° año.

Santi era soldado conscripto del tercer cuerpo de Infantería. Murió el 8 de septiembre en por salvar la vida del coronel Francisco Fassola Castaño, herido en una emboscada a la salida de la Casa de Gobierno.

"A 25 años del retorno a la democracia sin interrupciones, llegó el momento de erradicar todo vestigio de las dictaduras en nuestra ciudad", concluyó Cabandié