Una jueza federal de Mendoza denunció presiones

En una nota dirigida al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, la jueza federal de Mendoza Olga Pura de Arrabal denunció que la Federación de Tierra y Vivienda -que preside el piquetero Luis D´Elía- le inició un juicio por daños y perjuicios, después de haber dictado una medida cautelar que suspendió la aplicación de la Ley de Medios.
Le reclama dos millones de pesos de indemnización por daños a ella, a los camaristas de Mendoza que confirmaron su decisión y al diputado Enrique Thomas, quien inició la causa.

A lo inusual de este planteo -demandar a un juez por sentirse perjudicado por una resolución- se suma el hecho de que el Cuerpo de Mediadores del Ministerio de Justicia de la Nación le dio trámite a la denuncia y los citaron a una audiencia en la Capital Federal, en el domicilio de la mediadora que firmó la citación.

"La gravedad institucional no se configura tan sólo con la demanda (a todas luces jurídicamente improcedente) sino que ha adquirido connotaciones preocupantes, a poco que se advierta que el Cuerpo de Mediadores del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, le ha dado curso, citando a los magistrados a la audiencia fijada para el día 5 de mayo, en una jurisdicción manifiestamente incompetente en lo territorial, dado que el hecho que se endilga se produce en Mendoza, donde también residen los demandados", señaló la jueza en la nota presentada ante la Corte.

Pura de Arrabal le pidió a Lorenzetti que "tome la intervención pertinente, en defensa de los hechos que me son propios como magistrada de la Nación". Según fuentes del tribunal, el tema será enviado a la Asociación de Magistrados, para que de su opinión sobre el hecho.

El mes pasado, cuando se conoció el planteo que D´Elía iba a presentar, el dirigente señaló que "el accionar del diputado Thomas y de los jueces está causando un perjuicio enorme a un amplio sector social al que esta ley le concedió la representación que merecen".

La FTV posee dos señales de televisión, las cuales -argumentó- no pueden transmitir como consecuencia de la suspensión de la aplicación de la ley. / Silvana Boschi (CC)

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