La jueza federal Alicia Noli relató ayer cómo los militares se llevaron a su esposo, Enrique Sánchez, durante la última dictadura militar, y aseguró que los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado todavía esperan "verdad y justicia".

La magistrado declaró como testigo y querellante por el secuestro de su marido en la megacausa "Arsenales II- Jefatura II" por delitos contra los derechos humanos cometidos durante la última dictadura militar en Tucumán.

Noli brindó un testimonio detallado y preciso acerca de lo que pasó el 16 de septiembre de 1976, cuando tres hombres jóvenes, armados, entraron a su casa de Ecuador al 1000, en la capital tucumana, y secuestraron a su esposo.

"Dijeron que eran de la Policía Federal, el más chico tendría 18 años y los otros 23, y lo llevaron en un Renault 12 blanco, sin patente", recordó la jueza que desde ese momento se comprometió en la lucha por la búsqueda de las víctimas del terrorismo de Estado y fue abogada de familiares de desaparecidos.

A Sánchez le decían "Villita", era estudiante universitario y cuando lo secuestraron tenía 23 años, estaba casado con Noli y ambos tenían un hijo de un mes.

"Decían que eran combatientes armados cuando en realidad estaban armados por sus ideales", destacó al recordar a su esposo desaparecido, quien según el relato de testigos fue visto con vida por última vez en el Arsenal "Miguel de Azcuénaga".

Además de llevarse a su marido, Noli contó que saquearon la casa y también el departamento donde vivía su madre. "Se llevaron desde el calefón, que lo desprendieron, hasta el canasto de la ropa sucia. Todo menos las fotos y los libros", relató la jueza.

"El olor del miedo"

También brindó su testimonio Héctor Galván, que fue secuestrado en Santiago del Estero cuando tenía 18 años y lo alojaron en el centro de detenciones conocido como el Arsenal.

Entre los duros momentos que vivió en cautiverio, Galván recordó que estuvo con una mujer embarazada que le decían "la Panzona". "Una noche la sacaron y la volvieron a traer cuando había nacido el bebé. Ella suponía que la iban matar. Y así fue", expresó.

"Nosotros sabíamos que los que sacaban de noche iban a morir porque los gendarmes decían `esta noche hay fiesta`", relató.

Por su parte, Margarita Lacowski, quien aclaró que es "testigo, víctima y querellante", señaló que en el Arsenal "todo era muy perverso y muy siniestro, tanto que tardé años en hablar de esto". "En ese lugar había todos los olores del mundo, pero el más fuerte era el del miedo", indicó.

La megacusa, proceso que tiene a 41 imputados por la desaparición de 222 personas en la década del 70, continuará este viernes con la segunda jornada semanal que incluirá nuevos testimonio de víctimas y testigos.

“Recibíamos la visita de un cura; le decían Pepe”

Ayer, en la reanudación de las audiencias en el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en el ex Arsenal Militar Miguel de Azcuénaga y la ex Jefatura de Policía durante la dictadura, el testigo Santos Juárez, brindó un estremecedor relato y vinculó al sacerdote José "Pepe" Mijalchyk. Este cura católico es uno de los civiles imputados en la megacausa, junto al escribano Juan Carlos Benedicto.

Juárez, quien juró "por el alma de los desaparecidos", declaró mediante videoconferencia, desde el Consejo de la Magistratura, en la Capital Federal. "Recibíamos periódicamente la visita de un cura. Le decían Pepe", relató el testigo, quien estuvo detenido en el ex Arsenal.

Por otro lado, Juárez estremeció a todos los presentes en la sala con un crudo relato sobre una violación a otra presa política. "Trajeron a una chica, le pegaban muy feo, le hacían daño con un palo en la vagina".

En otro tramo de su testimonio, recordó cómo fue el diálogo que mantuvo con uno de sus captores durante la última dictadura. "Si me vas a matar, tirame cerca de Los Ralos. Así mi familia no me busca para siempre", expresó Juárez.

En el juicio por la megacausa hay 41 personas imputadas (15 ex militares, seis ex gendarmes, 16 ex policías, un sacerdote y dos civiles). De ellos, 31 están en Tucumán, detenidos en el penal de Villa Urquiza, ocho se alojan en el Hospital Penitenciario de Ezeiza, en Buenos Aires, y uno tiene el beneficio de prisión domiciliaria por razones de salud y de edad.