El juez Mauricio Zabala rechazó ayer los pedidos de excarcelación que habían solicitado los abogados defensores de Néstor Guerrero, Alberto Diez y José Silva Enríquez, los tres detenidos en relación al derrumbe del supermercado Cooperativa Obrera que provocó la muerte de siete personas.

Ahora, el juez de la causa tiene un máximo de diez días para definir si procesa o no al propietario del edificio en donde funcionaba la Cooperativa Obrera, al arquitecto que dirigía la obra y al capataz, quienes hasta ayer permanecían alojados en una dependencia de Seguridad Personal de la Policía.

Zabala había ordenado las detenciones de los acusados por entender, a priori, que son responsables del delito de estrago doloso seguido de muerte. El juez tenía previsto indagar el sábado a los detenidos pero, aparentemente por estrategia de los abogados que los asisten, los tres imputados decidieron no declarar.

Ayer, luego de analizar la prueba colectada desde el trágico derrumbe, el juez resolvió rechazar los pedidos de excarcelación que habían sido presentados por sus defensores tras anoticiarse de las detenciones.

El juez fundó el rechazo de las excarcelaciones por la naturaleza propia del delito por el que se los acusa y por el monto de la pena prevista por el Código Penal.

Zabala adelantó que durante los diez días que tiene para resolver el futuro de la causa los detenidos tienen el derecho de pedir una ampliación de indagatoria para poder defenderse ante un posible procesamiento.

Según informó el juez de la causa, además del rechazo de las excarcelaciones, ayer no hubo mayores novedades y la investigación continuaba a la espera de nuevos avances respecto de más pericias que permitan echar luz sobre el trágico derrumbe.

Pedido de detención

Néstor Guerrero, Alberto Diez y José Silva Enríquez fueron detenidos el viernes a pedido del equipo de fiscales que llevó adelante la investigación, encabezado por el fiscal del Tribunal Superior de Justicia, José Gerez, y secundado por Sandra González Taboada y Pablo Vignaroli.

Los fiscales realizaron un pedido detención e inhibición total de los bienes de los tres imputados, y fundamentaron que los acusados cuentan con los medios económicos necesarios para “sustraerse de la aplicación de una eventual condena”.

Según el pedido de los fiscales, Guerrero y Diez (propietario y arquitecto respectivamente) están acusados como autores del delito, mientras que Enríquez (capataz) como partícipe necesario.

De acuerdo a lo que detalló oportunamente Gerez, a los tres imputados se los acusa de haber llevado adelante la construcción de los diez departamentos sobre el techo del supermercado, sabiendo que el peso de la obra haría colapsar la estructura. Otro dato importante es que los mismos tres imputados habían construido el supermercado, lo que les permitía conocer las falencias estructurales del edificio y, pese a esto, decidieron continuar con las obras.