El juez de Garantías de Sexta Nominación, Diego Rodríguez Pipino hizo lugar al pedido fiscal y pidió el desafuero del senador nacional Juan Carlos Romero ordenando librar los oficios correspondientes al Honorable Senado de la Nación, artículo 1 de la Ley 25320.
El juez también le hizo un llamado de atención al abogado Oscar Pedro Guillén para que “observe el estricto cumplimiento en su actuación profesional con los artículos 38, 41, 70 y 72 de la Ley de Ejercicio de las Profesiones de Abogados y Procuradores 5412, bajo apercibimiento de proceder conforme al Título Tercero Capítulo XII de la citada ley y al artículo 159 del Código Procesal Penal.
La fiscalía le imputó a Romero provisionalmente el delito de enriquecimiento ilícito.
El juez apuntó "la actitud evasiva” del senador nacional Romero. Además el juez rechazó los planteos de oposición al desafuero, nulidad e inconstitucionalidad de los artículos 89, 369 y 408 del Código Procesal Penal formulados por la defensa técnica.
La presentación de la fiscal Mónica Poma responde a las ausencias injustificadas de Romero a las audiencias de imputación que la Fiscalía fijó en tres oportunidades desde diciembre pasado.
El requerimiento se cumplió luego de eludir, por tercera vez, una citación a declaración indagatoria en el marco de la causa penal abierta en su contra por enriquecimiento ilícito, a través de la presentación de un escrito de sus abogados defensores.
Una semana antes, la defensa de Romero había presentado también una apelación en contra del decreto de imputación de la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, que explica que el ex mandatario provincial acumuló activos por más de 200 millones de pesos durante los 12 años que duró su gestión a cargo de la Gobernación.
Por escrito
El ex gobernador Romero, remitió al juzgado de Garantías 4, interviniente en el caso, un descargo por escrito del patrimonio obtenido durante los tres períodos que gobernó Salta, entre los años 1995 y 2007.
Esta causa por enriquecimiento ilícito, que comenzó en diciembre, se reactivó tras la feria, cuando Rodríguez Pipino rechazó la recusación de Romero a la fiscal penal Poma y un planteo de nulidad de la imputación.
En dicha presentación, el ex gobernador no pudo justificar el patrimonio acumulado en los doce años que gobernó la provincia. Romero ocupó casi la mitad de su descargo para quejarse de la nueva reglamentación del Código Procesal Penal, la cual lo obliga a presentarse a indagatoria.
En el resto de unas seis fojas, el senador nacional se refirió a la Mansión que posee en Castellanos, en la villa veraniega de San Lorenzo, cuya propiedad aseguró pertenecer a dos sociedades, Lomas Balcón S.A y Jucaro S.A., sin reconocer que es el principal accionista de ambas, incluso en la primera de ellas, posee el 90 % de las acciones.
Nada dijo al respecto. Afirmó que dado que nunca integró el directorio de ambas sociedades, no le cabe cuestionamiento alguno respecto a las obras que estas empresas llevaron adelante, aunque sí reconoció que dichas firmas tomaron deudas.
Aunque intentó alejarse de la mansión, Romero, en su descargo, fijó como domicilio personal la dirección de dicha mansión. En el resto de su descargo, el senador nacional argumentó que dichas empresas no presentan irregularidades,
Con esto, Romero cerró su descargo, sin decir nada de las aeronaves que adquirió durante sus años como gobernador, las que representan una inversión de entre 3 y 15 millones de dólares.

Comentá la nota