El juez en lo Civil y Comercial de Quinta Nominación Federico Cortés, rechazó un pedido del gobierno para levantar el embargo que pesa sobre el avión Lear Jet de la Provincia. Un pedido en tal sentido había sido elevado por el fiscal de Estado Ricardo Casalis Rey.
Federico Cortés, luego del encuentro que mantuvo con el fiscal Casalis Rey dispuso corroborar si efectivamente la aeronave se utilizaba con la finalidad de traslado de pacientes que así lo requerían.
En la jornada de ayer el juez recibió un informe desde el gobierno provincial, en el que se le adjuntaba una nómina con los traslados realizados en los últimos días.
Sin embargo pasado el mediodía rechazó el pedido de liberar la movilidad del avión.
Mientras tanto, ayer se desestimó toda participación del Procurador General de la Provincia, Pablo López Viñals en este trámite.
La Constitución provincial establece que el Procurador es el jefe de los fiscales y por lo tanto no mantiene contacto con los jueces.
Por otra parte sobre elrechazó del magistrado , se supo desde fuentes cercanas al Grand Bourg que la medida viola el artículo 5 de la Constitución Provincial que en su segunda parte indica,"los embargos no pueden recaer sobre bienes afectados a la función asistencial del Estado, ni exceder el veinticinco por ciento de los recursos ordinarios".
Ese pedido de Casalis Rey habría estado acompañado de la posibilidad de cambiar el bien embargado, teniendo en cuenta las características del trámite y del pedido para que su cobro se efectivice el año próximo con el presupuesto 2011.
Si bien no se hizo a lugar al levantamiento del embargo sobre el avión, se aceptó la posibilidad que la demanda sea cancelada con el presupuesto del año próximo.
De esta manera el avión queda inmovilizado para su uso estando actualmente guardado en el hangar de Aviación Civil.
Si esta situación se mantiene, se deberá buscar una solución, para contar con la nave o bien afrontar la deuda antes del año próximo.
Como se sabe, se llegó hasta instancia porque judicialmente, una sentencia obliga a la Provincia abonar una suma cercana a los $3.000.000 al empresario tartagalense Ernesto Katz quien accionó por ser, el único comerciante que no cobró la suma de dinero que el gobierno otorgó a quienes sufrieron los desmanes ocurridos durante la "pueblada" del año 2000.
En aquella oportunidad los negocios que se encontraban alrededor de la plaza y en las principales calles sufrieron robos y destrozos que en la mayoría de ellos llegaba a más 70% de destrucción.
Tartagal fue en aquel mes de noviembre, cabecera de las noticias nacionales y hasta internacionales, por que los heridos superaban la veintena, y se produjo un muerto. Lo que se solicitaba estaba relacionado con reclamos sociales, que pedían se entreguen 10.000 planes sociales y una suma importante de dinero para que se reactive la economía que luego del cierre de yacimientos se había estancado.
Hoy Ernesto Katz ve cada vez más cerca la posibilidad de cobrar la suma de dinero que la Justicia ordenó se abone a los damnificados.
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