El juez de Menores de Segunda Nominación, Rodrigo Morabito emitió un innovador fallo respecto a la situación de un menor en conflicto con la ley, donde ordenó el abordaje multidisciplinario del joven. El caso da cuenta de un muchacho de 16 años con serios problemas de adicciones que delinque reiteradamente. Tal como se da cuenta en los informes que se le realizaron, su problema con las drogas sería el condicionante de su conducta delictiva.

Como tantos otros jóvenes en todas partes del mundo, el mismo comenzó a ser odiado por los vecinos, se tornó violento e incluso llegó a generar el temor de la propia familia. Uno de los informes multidisciplinarios solicitados en su momento concluyó que el menor pertenece a una familia de muy escasos recursos que apenas cubre las necesidades vitales de subsistencia, no poseen vivienda propia y no están insertados en el sistema laboral. Dicha familia fue evaluada como disfuncional y marcada por una historia de pérdidas y desmembramientos.

El magistrado resolvió entonces comunicar a los tres poderes del estado, precisamente a la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones del ministerio de Salud, al Equipo Técnico Interdisciplinario del Poder Judicial y a la Dirección de Niñez, Infancia y Adolescencia dependiente del ministerio de Desarrollo Social, que deberán realizar una evaluación interdisciplinaria de la situación del joven e informar al tribunal las estrategias a adoptar para su abordaje terapéutico y su posterior seguimiento.

Además, Morabito invitó en su sentencia a su par, el juez Fabricio Gershani Quesada, a los ministros de Educación, Salud y Desarrollo Social, y a la Comisión de Niñez, Infancia y Familia de la cámara de Diputados para el próximo 5 de agosto, a los fines de establecer una mesa de diálogo. La misma tendrá como fin intercambiar opiniones sobre las problemáticas actuales respecto a los jóvenes en conflicto con la ley penal y diseñar políticas públicas eficaces.

Salir de lo fácil

En su fallo, Morabito explica la necesidad de abordar al menor antes que darle una condena, desnudando la hipocresía en el sistema penal y aportando otra mirada a estas problemáticas: “No creo que pase por el castigo penal el dilema de la cuestión, sino de cuánta política pública eficaz del Estado careció este joven y de la que carecen muchos jóvenes de la Argentina con sus necesidades básicas insatisfechas que luego transgreden normas penales que prevén sanciones violentas y, cuya consecuencia, es la institucionalización degradante de los jóvenes, sin posibilidad de reeducación sino más bien de una evidente desocialización bajo el eufemismo de reintegrar a la sociedad a título de ‘incluido’ a quien nunca lo estuvo”.

Además agrega: “Pretender que un niño sea castigado con todo el rigor del sistema punitivo cuando ha transgredido normas que el propio sistema impone sin abordar el origen de tales cuestiones, la historia de vida, etc., es una actitud facilista que el propio Estado ha asumido fruto de su incapacidad para evitar los orígenes de aquellas conductas transgresoras”.

Un círculo vicioso

Un extracto del fallo reza: “Existe un círculo vicioso, en el que el Estado no le brinda al joven lo que necesita y a lo que tiene derecho; y luego, cuando el joven reacciona por esa carencia, el mismo Estado le acusa de estar mal educado y lo transfiere al sistema penal juvenil, que se transforma entonces en el último eslabón de los fracasos de las políticas sociales”.