El juez local Jorge Videla dictó ayer por la tarde el procesamiento de los ocupantes de la primera toma, ubicada en el barrio Calafate, que comenzó el lunes por la tarde.

El magistrado intimó en la resolución a las familias a abandonar el predio, caso contrario se procedería al desalojo, informó una alta fuente judicial. Aunque el juez no fijó un plazo porque la resolución no está firme, ya que la defensora oficial Inés Gerez adelantó que apelará en el plazo de tres días.

“Desde la defensa se va a hacer todo lo necesario para salvaguardar los derechos de la gente”, aseguró en diálogo con La Mañana de Neuquén.

En las tres tomas no se había retirado ninguna familia a pesar del frío y la intensa lluvia que castigó durante toda la noche del jueves y la madrugada de ayer.

Los ocupantes tuvieron que poner nylon para tratar de cubrir las carpas, donde buscaron refugio con sus hijos pequeños. Algunos más afortunados dejaron a sus niños en la casa de sus padres. “Fue muy duro, casi no dormimos y se mojaron todos los colchones por la humedad”, contó Patricia, mientras cobijaba con una frazada a su hijo Juan Pablo, de dos meses.

El mismo drama se vivió en las tres tomas donde se arreglaron como pudieron para pasar la noche.

Patricia integra una de las quince familias que ocupan un predio cercano a la laguna Calafate. Fue la tercera toma y comenzó en la madrugada del jueves. “Tenemos derecho a una vivienda digna. Basta de mentiras, queremos una solución”, reza una bandera blanca con letras azules instalada en el ingreso.

En la primera toma, las quince familias, en su mayoría jóvenes madres solteras, piden una respuesta del municipio o de la Provincia.

Pero el gobierno del intendente Ricardo Alonso ha optado por no dialogar con las familias. El secretario de Gobierno, Ariel Domínguez, fue el único que tuvo contacto con los ocupantes, el miércoles por la mañana.

El secretario de Seguridad y Defensa Civil, David Tressens, advirtió en una radio local que las ocupantes perderán las asignaciones familiares que cobran por sus hijos y cualquier posibilidad de acceder a un solución habitacional.

Las mujeres afirmaron ayer que no dejarán la toma. Allí hay 27 niños. Indicaron que una funcionaria de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia estuvo en la toma y ofreció pagar un alquiler o asignar un mejoramiento habitacional.

Pero sostuvieron que el alquiler no es la solución, y mejoramientos no pueden aceptar porque no tienen casa.

Aseguraron que no hay ningún político detrás de la toma. Una camioneta con efectivos policiales del GEOP de Junín de los Andes permanece a unos veinte metros de la toma, pero no ha habido incidentes.

En la segunda toma, emplazada en un predio municipal frente al acceso al complejo que tiene la UBA, siguen las ocho familias, con 18 chicos, desde el miércoles al mediodía.