Desde ya hace más de tres años la Provincia de Salta aloja de manera transitoria en distintas dependencias dispuestas al efecto, a los detenidos federales encausados por tráfico de drogas; dado que las cárceles y dependencias federales se encuentran colapsadas. El juez Raúl Reynoso titular del juzgado federal de Orán dispuso la libertad de 29 personas encausadas por tráfico de drogas.

Así lo ordenó el magistrado ante una presentación efectuada por el defensor oficial “ad hoc” Benjamín Solá.

Así, a la fecha y desde varios meses atrás, ante cada detención u operativo antidrogas la consulta por el alojamiento se hace de manera diaria. Es decir, todos los días se solicita al Servicio Penitenciario Federal, cupos de alojamiento en cárceles federales, para alojar los detenidos por tráfico y microtráfico de drogas y ante la negativa por falta de espacio físico; numerosos detenidos son alojados en el ámbito del Servicio Penitenciario Provincial.

El viernes 2 de agosto pasado el Juez Reynoso hizo lugar a la acción de hábeas corpus presentada por la defensoría oficial, y en consecuencia ordenó la inmediata libertad de 29 detenidos por tráfico de drogas alojados en forma provisoria en las comisarías 41, 42, 43, 45 y cuerpo policial femenino de la UR. Nº4 con sede en la ciudad de Tartagal.

Trascendió por fuentes cercanas al Ministerio de Seguridad, que este hecho atenta contra la lucha contra las drogas; hecho que preocupa y lesiona de manera grave a toda la sociedad; pues desde diciembre de 2007 se han incrementado notablemente los procedimientos anti droga.

Cada procedimiento antidrogas requiere de una cantidad de actuaciones y procesos que en procura de no violar las garantías constitucionales, dificultan la detención de los delincuentes; en tanto una vez recibida la denuncia, se inicia una investigación de manera encubierta cuyos resultados son remitidos al magistrado federal, que es quien debe ordenar el allanamineto y/o captura del traficante. Ante esta realidad suena inadmisible lo resuelto por la justicia federal a causa de la falta de espacio para alojar los detenidos por tráfico de drogas, más aún con la difícil situación que atraviesa la zona norte de la provincia por su proximidad con la “frontera caliente”, así denominada por vecinos y ciudadanos por la defiencia de control de las autoridades nacionales en la frontera con Bolivia.