Marinelli ordenó al Ministerio de Ciencia que, en tres días, presente un informe contestando el amparo que presentaron la Asociación ex Detenidos Desaparecidos y familiares de víctimas de la última dictadura militar. La presentación también la hicieron la Asociación Anahí -que dirige la segunda ex presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo Chicha Mariani- la Asociación de Profesionales en Lucha, Colectivo Memoria Militante, HIJOS La Plata y Familiares y Militantes de Derechos Humanos. Todo con el apoyo de la senadora nacional por Córdoba, Norma Morandini.

El amparo es contra el traslado del BNDG para evitar la manipulación de sus muestras de ADN que entregaron al Banco para la búsqueda e identificación de sus familiares desaparecidos durante la última dictadura.

EL BNDG es un organismo autónomo creado por una ley durante la presidencia de Raúl Alfonsín a pedido de las Abuelas de Plaza de Mayo. Ahora el Gobierno quiere sacarlo de su sede histórica en el Durand y llevarlo a otra que está bajo jurisdicción del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Su función es el almacenamiento y análisis de la información genética para esclarecer de delitos de lesa humanidad sobre filiaciones de hijos de personas desaparecidas durante la última dictadura militar. Ya sirvió para identificar a 109 hijos de desaparecidos.

“De concretarse el traslado, la intervención judicial pretendida por los demandantes para garantizar la inalterabilidad e integridad de las muestras existentes y la perfecta y segura cadena de custodia, resultaría tardía”, sostuvo el juez Marinelli en su resolución.

En cambio, en un comunicado Abuelas de Plaza de Mayo, que dirige Estela de Carlotto, manifestó “profunda preocupación” frente a los intentos de frenar la mudanza del banco. “El banco es una herramienta imprescindible para la búsqueda de nuestros nietos, y la plena vigencia de la ley es fundamental para agilizar el trabajo denodado y contra el tiempo que venimos realizando desde hace más de 35 años”, dicen las Abuelas.