Aunque ya había aclarado que, en su opinión, el referéndum debía ser convocado por la Provincia y no por el municipio, el juez electoral y de minas, Raúl Guillermo Cerda, planteó ayer la necesidad de que la consulta al pueblo sea realizada -bajo la forma de un referéndum, plebiscito o consulta popular-, para que la ciudadanía se exprese en torno al conflicto minero, que dividió las aguas en la sociedad andalgalense y en toda la Provincia.

"Estoy convencido de que hay que consultar al pueblo. Será decisión política de las autoridades si lo hacen a nivel departamental, con los distritos más involucrados en el tema como Andalgalá, Belén, Tinogasta y Santa María o si lo convocan a nivel provincial. Ésa es una decisión que la tomará quien convoque al plebiscito, pero creo que es la forma de dar fin a un tema muy sensible para los catamarqueños".

Para el magistrado, la convocatoria de un referéndum por el sí o no a la minería y concretamente a Agua Rica, no está fuera de término, como sostienen algunos detractores de la medida. "Más allá de que se encuentra aprobado el informe de impacto ambiental de Agua Rica, nunca es tarde para consultar al pueblo. Además no hay una disposición legal que diga que se podrá consultar al pueblo hasta determinada etapa del desarrollo minero. Creo que nunca es tarde y que es una herramienta fundamental en este debate y se podría hacer perfectamente en este estado de cosas", defendió Cerda.

El debate en torno a la problemática minera y ambiental, promovido por concejales y diputados provinciales, fue celebrado por el titular del Juzgado de Minas como un ámbito necesario de diálogo. "Se está haciendo lo que se debería haber hecho antes y por distintos motivos no se pudo conseguir, es el debate que todos los sectores de la Provincia, tanto políticos como intermedios, nos debíamos. Creo que estamos transitando un debate sumamente necesario para resolver y acordar qué se va a hacer con la minería a cielo abierto" dijo.

Suspensión

El juez de minas defendió también la suspensión temporal de las actividades de mina en Agua Rica, tomada al día siguiente del estallido social en Andalgalá, del 15 de febrero. "Cada vez me convenzo más de que la suspensión sin plazos fue la vía acertada. Ponerle plazos era problemático porque no sabemos cuándo se va a recomponer el tejido social", señaló. Tras la resolución de suspensión de proyecto minero, Cerda emitió una resolución posterior aclarando el alcance de la primera. Establece que Agua Rica debe suspender las actividades en mina, pero puede mantener sus tareas administrativas, jurídicas y de monitoreo ambiental.

Más beneficios

En coincidencia con la corriente que está primando en el tema "económico" de la cuestión minera, el juez Guillermo Cerda consideró oportuno "exigirles más a las empresas mineras".

"Están siendo importantes las utilidades que nos deja Alumbrera pero creo que hemos alcanzado la madurez necesaria para negociar y exigirles más a las empresas mineras. Estoy convencido de que nuestros representantes políticos deben negociar con las empresas mineras para conseguir mayores beneficios", opinó.