Si bien es cierto que un cambio en el paradigma del sistema judicial y su accionar resulta necesario para avanzar en una correcta y más ágil aplicación de medidas tendientes a la solución de los conflictos en los que debe mediar la magistratura para el beneficio de la comunidad. Ello no implica que se sustancien modificaciones que no concuerden con lineamientos legales y constitucionales y que, además, lesionen la independencia que debe demostrar el Poder Judicial en su relación con los demás poderes del esquema republicano.

A grandes rasgos, esta fue la conclusión a la que arribaron los disertantes que fueron invitados por el Colegio de Abogados de Tucumán y que departieron sus conceptos en la jornada de ayer, justamente en medio de un panorama donde el Gobierno nacional impulsa la denominada "democratización de la Justicia" con una serie de proyectos que serán puestos a consideración del Congreso nacional (ver recuadros inferiores).

Así, expusieron sus consideraciones importantes figuras del ámbito jurídico como Luis María Cabral (titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación), Beinusz Szmukler (presidente del Observatorio de la Justicia Argentina) y Víctor Vélez (presidente de la Federación Argentina de la Magistratura).

Tras dejar en claro que está latente un interés especial en concretar reformas a la justicia que le permitan a todo individuo y todos los sectores de la sociedad hacer efectivos sus derechos, Cabral sostuvo que algunas de estas iniciativas resultan significativas de ser analizadas en profundidad por el impacto que tendrán en la reformulación que se plantea desde la administración kirchnerista.

"Lo que objetamos desde los jueces nacionales es la reforma que se pretende instaurar en lo que respecta a la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura (CM) puesto que no se adecua a la Constitución Nacional", aseveró Cabral.

En tal sentido, adujo que “los representantes de los abogados y jueces deben ser elegidos por cada uno de estos estamentos, por lo que la propuesta que se haga por voto universal en distrito único en todo el país, como se elige al Presidente, es una opción que sí podrá implementarse en una organización institucional, pero no en este caso porque colisiona con lo estipulado en la letra actual del artículo 114 de la Constitución".

Mayorías especiales

A su vez, estimó necesario que desde el Gobierno se invite a estas instituciones para debatir sobre los cambios a implementar, como ya ocurriera en 2006, cuando, recordó Cabral, la entonces presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, Cristina Kirchner, convocó a las asociaciones de jueces y abogados para departir las ideas que daban cuenta sobre la reducción, en aquellos años, de los miembros del CM. Mientras ahora se pretende lo contrario, elevar de 15 a 19 sus integrantes.

"En aquellas ocasión, la entonces senadora Kirchner, planteó claramente la necesidad de que haya mayorías especiales, porque las circunstanciales podrían dar una mayoría simple y es necesario poder juntar, consensuar voluntades de distintos sectores y estamentos para ciertas decisiones trascendentes, como son la selección de quienes puedan ser designados jueces y la evaluación a quienes se hayan desempeñado malamente y por lo tanto deban ser sancionados con la remoción. Estos temas no deben estar en una mayoría que puede ser circunstancial", advirtió el presidente de la Asociación de Magistrados.

Por su parte, al ser consultado sobre los aspectos puestos a consideración parlamentaria por parte del Poder Ejecutivo Nacional, Szmukler resaltó que se instrumente el debate en la sociedad del problema de la justicia, el cual, mencionó, no es propio de abogados y jueces, sino del conjunto de la comunidad.

Asimismo, calificó de polémica a la iniciativa en torno a la elección de los miembros del CM, pero se mostró cauto al momento de sostener si se trataba de un acto que violentara lo establecido en la Carta Magna. "A la Constitución siempre hay que verla en su conjunto, no cada cláusula aislada. Ya de acuerdo a la propia doctrina de la Corte, si hay dos cláusulas que aparecen como opuestas hay que tratar de ver cuál es la solución que permite la validez de ambas", subrayó.

Partidización

Paralelamente, si bien no dejó sentada una postura clara en referencia a la viabilidad de la votación popular de los miembros de este órgano, se mostró crítico para con el actual método que elección. "Creo que el principio de la soberanía popular es muy importante. Pero si se analiza cuál es la situación histórica desde que se creó el CM, resulta que los jueces federales, que son menos de mil en el país, eligen hoy tres representantes, mientras que los abogados, que son cien mil, eligen dos. A eso hay que sumar que el conjunto del pueblo se representa a través de los legisladores en el CM, pero ellos son elegidos para legislar y no para ser consejeros", argumentó el referente del Observatorio.

Sin embargo, sus conceptos fueron tajantes al momento de referirse a la posible partidización en la que incurrirían los candidatos a formar parte del CM al momento de participar de los comicios generales. "Con lo que no estoy de acuerdo es que esa elección eventual se haga en boletas partidarias en el marco de una elección general. Porque lo que debe evitarse es, justamente, que los jueces sean dependientes tanto del poder político como del económico. Si alguien va en una boleta partidaria tiene un compromiso partidario, lo que es contrario a la imparcialidad que tiene que tener un juez".

En cuanto al proyecto tendiente a regular las medidas cautelares dictadas en contra del Estado, Szmukler avaló este instrumento siempre y cuando se apliquen a cuestiones de carácter patrimonial solamente, y para argumentar su posición ejemplificó lo ocurrido con el caso de la Ley de Medios.

"El Grupo Clarín tiene una cautelar hace tres años que tiene paralizada con una decisión judicial en donde la Corte, a la que respeto muchísimo y probablemente sea la mejor de la historia, sin embargo no ha actuado como correspondía. La Corte dijo que en este caso no hay en juego la libertad de expresión, es un tema patrimonial, donde el Estado argentino es solvente para pagar los daños y perjuicios que pueda tener el Grupo y no tener paralizada la vigencia de una ley que democratiza el acceso de la población a una variopinta posibilidad de opiniones. En esos casos, estoy de acuerdo con la regulación", insistió.

Finalmente, Víctor Vélez remarcó que "el objetivo de afianzar la justicia se conseguirá en la medida en que todos los ciudadanos puedan tener acceso a un servicio que no solamente sea prestado por jueces imparciales e independientes, sino que también sea eficaz y que llegue bien, a tiempo, porque de nada sirve tener una justicia imparcial e independiente si llega tarde y mal".

Respecto a su opinión en referencia a si las nuevas instancias de casación que se pretenden incorporar, tienden a agilizar o bien ralentizar el circuito jurídico, Vélez, indicó: "Depende desde el punto de vista en que se mire, con la intención con que haya sido hecho, hay varias cuestiones, una puede ser para licuar el poder de la Corte y otra para alivianar su tarea. Hay que procurar que la burocracia no termine siendo señora de todas estas cuestiones y la justicia termine siendo ineficaz", añadió.

Seis puntos clave del proyecto propuesto por el kirchnerismo

* Reforma Consejo de la Magistratura: Los integrantes de este cuerpo, que pasarán a ser 19 (ahora son 15), serán elegidos por voto popular y podrán acceder personalidades de distintos estamentos.

* Ingreso al Poder Judicial: Cada argentino con título de abogado podrá ingresar. Se realizarán sorteos por Lotería Nacional entre quienes aprueben por mérito los requisitos de ingreso.

* Publicidad de los actos: La Corte Suprema y las Cámaras tendrán obligación de publicar las sentencias. Este mecanismo ya rige en varias provincias e incluso en el Máximo Tribunal.

* Declaraciones juradas públicas: Las declaraciones juradas de los miembros del Poder Judicial serán de carácter público y podrán ser consultadas por internet, como el caso del PEN y el Congreso.

* Nuevas Cámaras de Casación: Prevé la creación de Cámaras de Casación para los fueros Civil y Comercial, Laboral y Contencioso Administrativo, como tercera instancia, previa a la Corte Suprema.

* Regulación de medidas cautelares: El tiempo de la cautelar contra el Estado no podrá superar los 6 meses para llegar a la medida de fondo, salvo cuando tenga la protección directa de la vida o de la persona.