El juez de conciliación Pablo Grassi avaló el lunes la venta ambulante en la ciudad hasta tanto el Poder Ejecutivo municipal reglamente la ordenanza que prohíbe dicha actividad. El magistrado dio lugar a la medida cautelar presentada por un grupo de puesteros que dicen sufrir constantes persecuciones en la vía pública de parte de los inspectores y de la Policía.

Así, todo aquel que lo desee puede instalar un punto de comercialización en la calle, ya que si bien en 2011 el Concejo Deliberante aprobó una norma para extinguir esta práctica, la legislación nunca entró en vigencia.

Nicolás Magrini, uno de los abogados patrocinantes de los vendedores ambulantes, dijo a PUNTAL que se planteó una prohibición de hecho y no de derecho, y que esta situación es la que lleva al juez a fallar a favor de sus defendidos.

“El juez está diciendo que la venta ambulante, siempre y cuando no infrinja la ley (no se pueden vender discos compactos truchos), está permitida. Es fundamental que no se violen el Código de Faltas y el Código Penal. Para que esta determinación del juez quede firme, deberá concretarse la notificación al Municipio, que se verá un tanto demorada debido a la feria judicial. No obstante, en un intercambio anterior, el Ejecutivo reconoció que la norma en cuestión no estaba reglamentada”, explicó Magrini.

-¿Es la definición que esperaban?

-Es lo que estábamos buscando. Quedan pendientes dos cuestiones importantes. Una tiene que ver con que la resolución del juez quede firme. La otra es que la Policía de Córdoba informe qué ha hecho con toda la mercadería que fue decomisada bajo el amparo de esta ordenanza que hoy por hoy no tiene vigencia, y que por supuesto la restituya. La determinación del juez Grassi es muy importante y la única en el marco de toda esta polémica.

-¿Qué tipo de problemas tienen sus clientes por vender en la calle?

-La mayoría de ellos aseguran ser perseguidos, se les dificulta mucho trabajar y tienen que moverse de un lugar a otro. Incluso se han ido a otras localidades para poder subsistir. Al mismo tiempo, se da una situación de discriminación porque a los vendedores conocidos como históricos nunca se les realizó ningún operativo de control, existe el favoritismo.

A todo esto, otro de los letrados intervinientes, Martín Retamozo, sostuvo que si el Municipio decide reglamentar la ordenanza, tendrá que dar el tiempo suficiente para que la gente pueda adaptarse a la nueva norma