El conflicto iniciado con la oposición para la coparticipación total y automática del gravamen a las provincias culminaría así en un final indeseado, ya que se terminaría poniendo en jaque a las deficitarias gobernaciones.

Este polémico impuesto rige desde abril de 2001 y alcanza a las operaciones de créditos y débitos bancarios de las empresas y de las personas físicas, y el gobierno espera recaudar con él unos 23.546 millones de pesos este año.

De acuerdo con la ley, la Nación se queda con el 70 por ciento de lo recaudado y el 30 restante se divide entre las provincias y las afectaciones específicas del Estado.

Esperando la coparticipación

Por ello, los gobernadores contaron en 2009 con 6.600 millones de pesos, y esperan que en 2010 este gravamen se coparticipe para sumar unos 10.307 millones, lo cual no ocurriría en caso de la derogación.

El gravamen hizo un fuerte aporte también a la política superavitaria del kirchnerismo, ya que ayudó a que la recaudación se mantuviera siempre en ascenso, aún en momentos difíciles como los de la crisis de 2009.

Como este gravamen fue establecido como un sistema de recaudación de emergencia ante la feroz crisis financiera de 2001, los empresarios comenzaron a pedir su derogación en 2007, tras cuatro años de crecimiento económico sostenido.

Tanto grandes como pequeños hombres de negocios aseguran que afecta al sistema productivo y a las inversiones por el alto costo que significa afrontarlo, y reconocen que empuja a la informalidad.

"Drástica reducción del gasto"

El economista Daniel Artana dijo que si lo deroga el gobierno se verá obligado a realizar una "drástica reducción del gasto" público.

No obstante, el economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) opinó que el gravamen "es un mal impuesto", por su factor regresivo.

Las alícuotas de este gravamen van desde 0,075 hasta 1,2 por ciento de todas las operaciones bancarias realizadas con cheques, lo que significa una recaudación anual igual al 1,88 del Producto Bruto Interno de la Argentina.

El régimen prevé beneficios especiales con alícuotas menores con determinados actores económicos, como los corredores de granos, las droguerías y las empresas distribuidoras de especialidades medicinales, entre otras.

Pero el peso del impuesto se hace sentir en mayor medida sobre transacciones que involucran montos considerables, porque los porcentajes de cobre son sobre la suma total de la operación.