El fallo, según fuentes judiciales, llegó después de más de un año de que uno de los magistrados, Edgardo Albarracín, tuviera la causa en su despacho. Se trata del expediente Nº 20565/10 que investigaba tres dudosas operaciones inmobiliarias autorizadas por el ex gobernador.

Esta causa fue abierta el 2 de noviembre de 2011 a partir de una promoción penal de la ex agente fiscal 3, Emma Puente, quien pedía que se investigue la compra y venta de terrenos por parte de la empresa Mercado S.R.L., sociedad que luego vendió dichas propiedades a precios considerados excesivos a la Provincia.

Mercado S.R.L., estaba constituida por Julio Castillo (f), su esposa, Sara Josefina Goytia Silvester y Graciela Piniella Langou. La primera operación sospechada se realizó el 22 de diciembre de 2004, fecha en que esta sociedad adquirió un terreno por un valor de 894 mil pesos.

Ese mismo día, Mercado S.R.L. vendió la propiedad a la Provincia en la suma de 1.923.899 pesos, lo que representó para la sociedad del entonces publicista y jefe de campaña de Romero, una ganancia de $ 1.028.974.

El 27 de mayo de 2005, en tanto, Mercado S.R.L. compró por un valor de $1.300.000 otra propiedad, la cual fue vendida en el mismo día a la Provincia en 2.200.000 pesos, mientras que el 10 de junio de ese mismo año, Mercado S.R.L. compró un tercer terreno por 954 mil pesos, para después de seis días, el 16 de junio, vendérselo a la Provincia en más de 2 millones de pesos.

Por estas tres operaciones, la ex fiscal Puente pidió las correspondientes investigaciones, puesto que en dos casos, las compras y ventas se hicieron en el mismo día, con lo cual era evidente que no se cumplieron los pasos administrativos y legales del caso por parte del estado provincial.

En vista de ello, la promoción, como requisito fundamental para iniciar la investigación, se realizó de manera supuesta sobre Romero, Castillo y todos los ex funcionarios que tuvieron participación en los pasos administrativos y legales en las tres operaciones.

Nulidad de la acusación

 Una vez abierta la causa, la defensa de Yarade, a cargo del abogado Darío Palmier, pidió la nulidad de la promoción penal, hecho que fue rechazado por el juzgado y la fiscalía, razón por la cual el caso fue girado a manos de la Sala II del Tribunal de Impugnación.

Después de un año, los jueces Albarracín y Adolfo Figueroa entendieron que la promoción estaba mal hecha, puesto que no especificaba en detalle el accionar de cada uno de los acusados, olvidándose que eso era lo que la fiscalía pedía que se investigue.

De esta manera, y amparándose en un aspecto formal, los dos camaristas decidieron declarar la nulidad del requerimiento, y con ello todos los actos procesales que se realizaron desde que se abrió la causa penal.

Una chance abierta

Al final del fallo, sin embargo, los jueces, Edgardo Albarracín y Adolfo Figueroa,  reconocieron la vigencia en Salta del sistema acusatorio, por lo que ordenaron que la causa sea girada al Ministerio Público, puesto que ahora la investigación es “de su plena exclusividad y competencia”. De esta manera, los magistrados dejaron la vía libre para que esta causa pase directamente a manos de los fiscales a fin de que las pesquisas se reanuden bajo las reglas establecidas por el nuevo código procesal penal, vigente en la provincia desde el año 2011. Lo resuelto, según las fuentes, es un reconocimiento explícito de la vigencia del nuevo sistema penal que impera en la provincia, hecho que cobró gran notoriedad debido a que el fallo vino del puño de dos de los exponentes más representativos del sistema .