Un camarista de Río Grande, Francisco de la Torre, fue el único que fundamentó por escrito su negativa. Los 33 magistrados restantes, incluidos los tres miembros de la Corte, los funcionarios hasta la jerarquía de secretarios y la totalidad de los empleados judiciales, ya efectuaron el aporte en enero.El 31,25 % de los jueces, fiscales y defensores públicos de la provincia se negó a que les realizaran el descuento para el Fondo Solidario creado por la ley de emergencia previsional, al que aportan obligatoriamente el resto de los empleados públicos y jubilados de Tierra del Fuego.

La cifra es oficial, y corresponde a la liquidación de haberes realizada por el Poder Judicial en el mes de enero de este año, según confirmaron a EDFM fuentes de la propia Justicia.

Los 48 jueces, fiscales y defensores que integran la nómina de magistrados fueron consultados individualmente por el Superior Tribunal Justicia, acerca de si aceptaban o no la práctica del descuento del 4,5% en concepto de “aporte extraordinario financiero de emergencia previsional”, según establece la ley 1068. La norma sancionada entre el 8 y 9 de enero pasado tiene por objeto paliar la crisis económica que atraviesa el IPAUSS con la conformación de un fondo destinado al pago de las jubilaciones.

Los miembros del STJ adhirieron al mecanismo a través de la acordada Nº2 de este año, por lo que la medida comenzó a instrumentarse de manera obligatoria para la totalidad de los empleados del Poder Judicial y para los funcionarios judiciales hasta la categoría de secretarios.

Sin embargo, como los jueces y funcionarios de jerarquía similar poseen garantizada, por Constitución, la intangibilidad de sus salarios, los integrantes del Superior Tribunal realizaron las consultas individuales para saber si aceptaban o no el aporte al Fondo Solidario.

La respuesta fue disímil y despertó un gran debate interno, según revelaron varias fuentes judiciales en las últimas horas.

Entre los que aceptaron realizar el aporte figuran los tres miembros del STJ, María del Carmen Battaini, Javier Muchnik y Gonzalo Sagastume.

 

La voz y el silencio

 

El resultado de la compulsa arrojó que, de los 48 jueces de primera instancia, camaristas, cortesanos, fiscales y defensores, tanto de Ushuaia como de Río Grande, 33 aceptaron la realización de los descuentos, mientras que 15 no lo hicieron.

El mecanismo que ensayó la Corte provincial consistió en realizar la consulta e interpretar el silencio (es decir, la falta de respuesta) como una negativa a la práctica del descuento, mientras que, para habilitar el aporte, debía dirigirse una nota aceptando expresamente.

Entre los 15 magistrados a los que no se les practicó el aporte del 4,5%, hay tres casos en que la falta de respuesta no implica necesariamente que se opongan a la medida, ya que se encontraban de licencia en el momento en que se realizó el procedimiento. La situación más atendible es la del Jefe de Defensores Públicos, Gustavo Ariznavarreta, de licencia tras el fallecimiento de uno de sus hijos. También se encontraban de licencia el defensor público de Río Grande Aníbal Acosta y la fiscal del mismo distrito Verónica Marchisio.

Uno sólo de los jueces consultados decidió fundamentar su oposición a realizar el aporte previsional extraordinario. Se trata del camarista Civil de Río Grande, Francisco Justo de la Torre, quien dirigió un escrito al STJ explicando por qué no autorizaba el descuento, aunque el contenido de esa fundamentación aún no trascendió públicamente.

 

Sueldos y aportes

 

El tema del aporte extraordinario al IPAUSS también vuelve a poner en escena el nivel de sueldos que se pagan en algunas dependencias u organismos estatales de la provincia, entre ellos en el Poder Judicial.

Es que, de los 15 magistrados que se negaron a aportar al Fondo Solidario, ninguno gana menos de 90 mil pesos mensuales, la mayoría cobra entre 120 y 140 mil pesos y existen casos extremos de más de 200 mil pesos de salario.

Por ejemplo, el Jefe de Fiscales de la provincia, Oscar Fappiano, percibe una remuneración de $212.630,73, y se negó a realizar un aporte de $9.568,38.

De la Torre gana $146.649,78, y no quiso que le descontaran $6.599,24, mientras que el juez del Tribunal de Juicio de Río Grande Daniel Borrone cobra $144.755,08 y evitó un descuento de $6.513,98.

 En casi todos los casos, los magistrados se opusieron a realizar aportes solidarios que implicaban entre 4 mil y 6.500 pesos por mes.

La lista de los 15

 

Los 15 magistrados que se negaron a que les realizaran el descuento para el Fondo Solidario del IPAUSS son lo que a continuación se detallan, con la salvedad de que en tres de los casos (Ariznavarreta, Acosta y Marchisio) al encontrarse de licencia en el momento de la consulta, no puede interpretarse que su postura sobre el tema sea la definitiva.

En resumen, la lista de jueces, defensores y fiscales es la siguiente:

Fernando Ballester Bidau (Fiscal de Ushuaia)

Daniel Borrone (Juez del Tribunal de Juicio de Río Grande)

Francisco De la Torre (Juez de la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones)

Susana Del Valle García (Jueza de Familia  y Minoridad de Río Grande)

Guillermo Massimi (Fiscal Mayor de Ushuaia)

Felicitas Maiztegui Marcó (Jueza Correccional de Ushuaia)

Lorena Nebreda (Defensora Pública de Río Grande)

Julia Allocati (Defensora Pública de Río Grande)

Pablo Duarte De Gouvea (Juez de Familia de Río Grande)

Guillermo Echagüe (Defensor Público Mayor de Ushuaia)

Gustavo Ariznavarreta (Jefe de Defensores Públicos)

Aníbal Acosta (Defensor Público de Río Grande)

Oscar Fappiano (Jefe de Fiscales)

Verónica Marchisio (Fiscal de Río Grande)

Nicolás Arias (Fiscal de Ushuaia)