Desde la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, hasta la diputada nacional K Diana Conti, pasando por varios ministros y demás dirigentes, cuestionar la duración de los jueces en su cargo. La mandataria nacional, días atrás pidió “democratizar la Justicia”.

Ante estas constantes declaraciones, la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires consideró oportuno hacer pública su posición al respecto.

A través de un comunicado, los funcionarios remarcaron que en este tema es "indispensable distinguir, por un lado, los temas de interés público que integran el ámbito de lo 'decidible', donde se debe privilegiar la voluntad de las mayorías populares y, por el otro, las cuestiones que a ninguna mayoría, por importante que sea, le está permitido decidir, pues integran el ámbito de lo 'no decidible'".

En el mismo sentido, los magistrados profundizaron: "Ninguna mayoría popular, por aplastante que fuese, ni siquiera la unanimidad del pueblo, podría –por su propia voluntad– legitimar la condena del inocente, ni la absolución del culpable, como no podría, tampoco, hacer verídico lo que es falso, ni falso lo que es verídico".

"Existe un poder público que se encarga, precisamente, de velar por la efectiva vigencia de los derechos y las garantías fundamentales (...). Ese es el papel institucional atribuido al Poder Judicial", recordaron en la nota.

Y advirtieron: "Si el Poder Ejecutivo Nacional, al auspiciar la democratización del Poder Judicial, tuviera el propósito de unificar ambas esferas en un solo ámbito de poder institucional, ya sea confiriendo a los jueces la representación popular directa, o a los demás poderes del Estado la injerencia en la resolución de las causas judiciales pendientes, importaría un retorno a etapas históricas superadas de nuestra organización nacional, merced a la sanción de la Constitución Nacional de 1853 que –en los arts. 29, 75 y 109– impide a cualquier poder del Estado arrogarse la suma del poder público".