Ayer se llevó a cabo en el ámbito de tribunales una reunión sin precedentes buscando consensuar criterios en lo que hace a los problemas delictivos en San Rafael. El encuentro tuvo lugar en el despacho de la jueza Paula Arana, y participaron, además de la anfitriona, los doctores Pablo Peñasco y Gabriel Ravagnani –los tres jueces de Instrucción de la Segunda Circunscripción Judicial con competencia en el distrito–, y el juez Federal Eduardo Puigdéngolas. Los magistrados establecieron planes de trabajo coordinados y fijaron un cronograma para la futura tarea. 

Recordemos que los jueces de instrucción de la Justicia provincial son los que entienden en los delitos comunes que más afectan a la ciudadanía y configuran eso que comúnmente llamamos “inseguridad”. Resorte de ellos es decidir si otorgan ciertos beneficios (como la excarcelación), y la adopción de criterios jurisprudenciales comunes al respecto permitirá una línea de trabajo mucho más coherente, teniendo en cuenta que muchas veces son señalados como los responsables de la falta de sanción. El fuero Federal entiende en delitos como el de narcotráfico, pero la frontera entre ambos tipos es muy lábil, y la coordinación de tareas puede ser muy beneficiosa en este aspecto.

El juez Puigdéngolas expresó a Diario San Rafael que “a nadie escapa que los delitos contra la vida y la propiedad que se están sucediendo –competencia de los jueces provinciales–, sumados a la estrecha vinculación que tienen con el fenómeno del narcotráfico a nivel nacional y territorial –competencia del fuero Federal– justifican esta interrelación”. Pero eso se daba aisladamente. A partir del encuentro, esta interacción se sistematiza, con una comunicación fluida que, además, permitiría trasladar sus inquietudes a los Poderes Ejecutivo y Legislativo. La idea es que los encargados de llevar adelante la política criminal, el Ministerio de Seguridad, y de sancionar leyes más adecuadas o modificar las vigentes, senadores y diputados, puedan –en caso de considerarlo– adecuar sus acciones a la realidad actual.

Sobre el problema del tráfico de drogas, contó que durante sus 4 años a cargo del Juzgado estableció una jurisprudencia clara, y es la de negar las excarcelaciones y otros beneficios; y esa decisión además ha sido confirmada en la mayoría de los casos por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Este criterio, compartido por los otros tres jueces que comparten esta línea significa, ni más ni menos, poner coto a aquel conocido estigma de que los delincuentes “entran por una puerta y salen por otra”. La negativa de excarcelaciones significa que los detenidos permanecen en ese carácter hasta la sentencia.

PROCEDIMIENTOS 

POR NARCOTRÁFICO

En cuanto a los procedimientos últimos, en algunos casos de gran magnitud, el juez Federal señaló que “son resultado de trabajos profundos y eficientes, muchas veces prolongados en el tiempo, pero que a la larga permiten observar consecuencias favorables para la salud pública, que en definitiva es el bien jurídico protegido por la Ley de Drogas”. En ese sentido, destacó que las tareas deben nacer en el compromiso de padres, instituciones y organismos, y citó como ejemplo el funcionamiento del servicio conocido como Fonodroga, un sistema anónimo que canaliza la preocupación ciudadana y a la vez resulta de gran utilidad para las autoridades.