El Presidente del Instituto de Seguros de Jujuy, Daniel Palumbo, se mostró muy crítico con los fallos judiciales que en numerosos casos obligan a las obras sociales a realizar una cobertura médica en principio no autorizada, indicando que más allá de los derechos constitucionales que garantizan el acceso a la salud, son los recursos, y la escasez de ellos, los que imponen los límites.

“La salud es un derecho que se termina cuando se termina la plata”, afirmó parafraseando a Carlyle Guerra de Macedo, ex Presidente de la Organización Mundial de la Salud.

Además mencionó la existencia de estudios jurídicos especializados en este tipo de litigios, con pacientes adiestrados.

Desde su posición de administrador de los recursos del Sistema de Seguridad social de los empleados estatales jujeños, Palumbo expuso que en muchas situaciones es inaccesible para la obra social prestar determinada cobertura médica sin provocar un desbarajuste en la atención del resto de los afiliados.

“La judicialización de la salud está afectando al sistema de seguridad social, porque los jueces toman decisiones a través de amparos o medidas cautelares que en muchos casos desde el punto de vista médico no están justificadas y produce un enorme desfinanciamiento de en los sistemas de seguridad social” señaló el funcionario.

Por tal motivo, consideró que en este tipo de situaciones las garantías legales de los pacientes pueden contraponerse con la realidad. “Lamentablemente esta concepción equivocada de que el derecho a la salud como derecho constitucional no tiene límites, en la práctica es otra cosa lo que tiene vigencia. Como dijo uno de los presidentes de la Organización Mundial de la Salud, Carlyle Guerra de Macedo, quien dijo que la salud es un derecho que se termina cuando se termina la plata. Esta es la realidad, cuando no hay plata ningún organismo ni fundaciones a nivel nacional atienden a un paciente” expresó en forma contundente. “Es un derecho que está condicionado al pago y en muchos casos extorsionado”.

En este sentido mencionó que “con relativa frecuencia” se presentan casos derivados a Buenos Aires donde se solicita hasta medio millón de pesos por la sola reserva de una cama. “Esto sin saber el costo que va a demandar atender al paciente, sólo como garantía”.

Por otra parte, cuestionó la propensión de ciertos estudios jurídicos a litigar con esta situación. “Hay muchos pacientes que están adiestrados, inclusive hay estudios jurídicos que se prestan a hacer este tipo de demandas y las obras sociales no participan en una audiencia, sino que se enteran cuando la medida ya está dictada. En el mayor de los casos se interpreta que el paciente está abandonado”.

También mencionó un caso en nuestra provincia. “En Jujuy hubo un caso donde una paciente, por decisión judicial, fue enviada fuera del país, en contra de lo que opinaban la mayoría de los profesionales. A la vuelta, sin resultados, lamentablemente la paciente falleció. Se podría haber evitado no sólo el gasto si no la falsa expectativa que se genera en el paciente, con tratamientos experimentales o no aprobados por la literatura médica”.

En definitiva, sostuvo que “hay que buscar la racionalidad dentro de las limitaciones que impone la realidad, para que toda la población tenga el mejor servicio de salud posible” concluyó el funcionario.