En tanto, otros dos foristas hicieron una presentación judicial ante el Fiscal Claudio Kishimoto, solicitándole que amplíe la investigación respecto del destino que se le dio a los $ 13, 8 millones que otorgó la Nación a la Comuna para mejorar la seguridad en Mar del Plata.

“EL PLIEGO DE LICITACIÓN TIENE ERRORES GARRAFALES”

La secretaria e integrante de la Comisión de Monitoreo de Convenios del Foro Municipal de Seguridad, Rosa Checa, dijo este miércoles que desde el sector observan con “mucha indignación” el proceso licitatorio que lleva adelante el Departamento Ejecutivo para la adquisición de 65 cámaras de vigilancia al considerar que “se está jugando con la seguridad de la gente”.

En ese orden, afirmó en declaraciones a FM 99.1 que “es increíble que, habiendo el municipio recibido el dinero para comprar 360 cámaras, en este momento estemos hablando de 65 y no haya previsión de qué se va a hacer con el resto”.

“Esto realmente nos preocupa de sobremanera y tanto es así que hemos hablado con varios concejales y este martes aprobamos en asamblea del Foro una nota por la cual le pedimos que anule la licitación que está en tratamiento y se haga la confección de un nuevo pliego que corrija los errores que tiene el actual”, amplió.

Al ser consultada respecto de los fundamentos del reclamo de anulación, Checa expresó que el pliego posee “errores sustanciales”, algo que según aclaró “lo venimos planteando desde hace varios meses atrás”. “Incluso, creímos que con las declaraciones que hizo el Intendente en mayo, se iba a declarar desierta esa licitación y se iba a empezar de nuevo, por lo que esperábamos que nos llamaran para aportar ideas para que las cosas salgan bien”, añadió.

Puntualmente, la forista opinó que “no se puede aprobar un pliego que en el primer renglón de la parte técnica dice que el objeto de la licitación es adquirir un sistema de vigilancia, mientras que en la parte legal dice que el objeto es contratar un servicio por 36 meses”, y cuestionó: “Si ni siquiera el municipio sabe qué quiere hacer, cómo se puede seguir adelante”.

Además, calificó de “excesivo” el costo que se pretende pagar por el alquiler de los dispositivos. “En el dinero que llegó de Nación está calculado un costo de $ 40.600 por cámara, incluyendo en el monto la instalación de un Centro de Operaciones Municipal: Con esta suma o menos se han contratado cámaras y se ha comprado equipamiento en varios partidos de la provincia de Buenos Aires, entonces no se entiende porqué hablamos de $ 90 mil en el partido de General Pueyrredon”, razonó.

En tal sentido, reparó en que “muchos concejales tienen en su poder los pliegos elaborados en otros municipios y pueden hacer una comparación”, ante lo cual subrayó que “se trata de algo de lo que no sólo nosotros tenemos conocimiento”.

A su vez, Checa hizo hincapié en que “dá la casualidad de que la única empresa que importa al país este tipo de cámaras es Global View” por lo cual, “ninguna otra empresa puede presentarse a esta licitación respondiendo a las características técnicas que se piden”. “Dá toda la sensación de que es un pliego armado”, deslizó.

No obstante, aclaró que desde el sector “no objetamos la presencia de Global View: ellos pueden presentar su oferta y después técnicamente se determinará si son mejores que otras o no” pero destacó que “debe haber un pliego abierto para que puedan presentarse varias empresas, que de hechos las hay”. Y ejemplificó: “En Bahía Blanca se presentaron 5 empresas -entre ellas, Global View-, entonces porqué aquí una sola y ninguna otra puede responder a las características de lo que se pide”.

Y cuestionó: “Si una cámara de vigilancia DOMO vale entre 1500 y 2000 dólares, es decir, entre 10 ó 12 mil pesos, ¿qué tiene de particular esa cámara, superior a una BOSCH que no supera los 3 mil dólares?. Si en los demás partidos de la Provincia, con $ 40.600 alcanzó para adquirir la cámara, para instalar cámaras que funcionan a través de fibra óptica -un sistema más costoso y más seguro-, ¿porqué nosotros tenemos que pagar, además de la instalación de cámaras inalámbricas -con las cuales es más fácil distorsionar la imagen o de desbloquear-, la instalación del sistema de monitoreo?

En otro orden, Checa sostuvo que “si miramos el Centro de Monitoreo, que va a estar en la municipalidad, éste va a constar de 6 puestos de operadores y 2 puestos de supervisión, con dos monitores cada puesto, lo que quiere decir que si multiplicamos 2 por 8, vamos a tener 16 monitores más los 4 monitores de 42 pulgadas: ¿Eso vale más de $ 1 millón como dice el oferente, si otros lo tienen incluido en los $ 40.600?”

“Aparte, ese Centro, para lo único que va a servir es para mirar esas cámaras, porque no responde tampoco a lo que el Plan de Protección Ciudadana plantea, que es un Centro de Operaciones Municipal en el cual convergerían policía, los civiles que manejarán las cámaras y la red de alerta ciudadana”, agregó.

En relación al mantenimiento de los dispositivos, la forista analizó que “en el pliego debería decir que si se rompe una cámara, debería ser reemplazada pero no lo dice”, y advirtió que la firma de Montoto “no garantiza a los ciudadanos marplatenses que quienes van a estar en el Centro de Monitoreo van a usar adecuadamente las imágenes que esas cámaras transmitan”.

“Tampoco está previsto qué pasa si la empresa decide suspender el servicio, que consiste en 65 cámaras desparramadas por la ciudad, que no persiguen objetivo de ninguna naturaleza y que para lo único que van a servir es para que los delincuentes sepan que hasta 300 metros los van a ver y nada más”, criticó más adelante. Asimismo, sobre la ubicación que se le dará a las videocámaras, la forista aseguró que ni ellos ni la policía fueron consultados al respecto. “La designación de los lugares de emplazamiento de esas cámaras, que, por otro lado hay un artículo que indica que las pueden cambiar si así lo decidieran; fue hecha en direcciones incorrectas o inexistentes y no sabemos a qué obedece, cuál es el plan que decidió que tengan que estar en ese lugar y no otro”, aseveró.

En otro párrafo, al referirse a las conversaciones que mantuvieron los foristas con los concejales, Checa dijo que “fueron muchas” aunque advirtió que “todo se precipitó”. “Después de tantas conversaciones con el Dr. Ciano, estábamos esperando que nos llamaran para ver qué podíamos aportar, pero de pronto apareció el Intendente, contradiciéndose con sus propias declaraciones del mes de mayo, diciendo que iba a avanzar con esta licitación, que padece de errores garrafales en su contenido”, contó.

Y apuntó: “Si ya los concejales tienen material, podríamos hacer en una semana un nuevo pliego y, en una semana más, obtener la autorización de Legales para que esto salga a licitación y tal vez, en el verano, tener las cámaras instaladas, la frase que utiliza el oficialismo; pero parece que si esto no se hiciera se termina el mundo”.

También dijo que “la oposición está prepocupada por lo que dice el oficialismo de que ponen palos en la rueda y que Mar del Plata necesita de estas cámaras para mejorar la seguridad; entonces se encuentran con que sus palabras de querer parar esta licitación son tomadas por el oficialismo ante la opinión pública como que no les interesa la seguridad”.

Por último, Checa declaró que, pese a que el Foro Municipal de Seguridad pidió ocupar la Banca 25 del HCD durante la sesión ordinaria del viernes, en la cual se pondrá en tratamiento el polémico expediente, “todavía no nos han contestado”. “Es la segunda vez que la pedimos y, aunque no nos la den, igual vamos a estar ahí para ver que nadie use argumentos de chicana para aprobar esto”, dijo y responsabilizó al Presidente del HCD, Marcelo Artime.

Y exclamó: “Solamente queremos que esto sea en forma transparente y que no nos pongan de excusa el tiempo, porque ellos estuvieron 8 meses con esto en un cajón y este plan se firmó hace un año y medio”.

PIDEN AMPLIACIÓN DE LA CAUSA POR EL USO DE LOS 14 MILLONES DE SEGURIDAD

En forma paralela, otros dos representantes del Foro Municipal de Seguridad, realizaron en las últimas horas una presentación judicial ante el Fiscal Claudio Kishimoto, solicitándole que amplíe la investigación que lleva adelante con el fin de dilucidar el destino que se le dio a los $ 13.800.000 millones que otorgó la Nación a la Comuna en el marco del Plan Integral de Seguridad Ciudadana.

En el documento, al que 0223.com.ar tuvo acceso, denunciaron que “el sobreprecio resulta notorio” y especificaron: “Una cámara DOMO, inalámbrica, profesional y de alto rango cuesta en el mercado – con garantía, etcétera- unos U$S 2.500. No se establece que ocurrirá a la finalización del contrato con la ofertante, quien podrá llevarse la totalidad de las imágenes que obren en sus archivos. No se prevé que la ofertante coloque ‘torres’, sino que las cámaras serán colocadas cuando ‘haya’ postes de luz, o de teléfono o paredes. La inversión que realizará la ofertante es mínima”.

“A pesar que se ‘afectarán’ varios millones de pesos, nada quedará instalado como infraestructura básica para la ciudad, lo mismo que ha ocurrido con el alojamiento de la Prefectura Naval y otros gastos que viene realizando y disponiendo por ‘insistencia’ el Sr. Intendente. El criterio de ‘único oferente’ no resulta – en este caso – óbice para la adjudicación de la obra a la empresa que se presentó”, señalaron.

Y subrayaron: “En otras licitaciones por elementos de seguridad, el municipio las declaró desiertas porque ‘solo había un único oferente’. La forma de pago es particularmente riesgosa tanto para el municipio como para la ciudadanía, por cuanto, y recordándose que se trata de una ‘locación’ sui generis por 3 años y la exigua multa fijada para el caso de incumplimiento, el ‘contratista’ recibirá el 50% del precio ofertado ($ 2.949.999,9) contra la finalización de la instalación del servicio de monitoreo locado, y el otro 50 % será abonado por el Municipio en 30 cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 98.333,33”. “En este estado de cosas, si la ‘contratista’ dejará de prestar el servicio, la única garantía que tendríamos de cumplimiento, será que se le retenga el 20 % de esos $ 98.300, es decir, $ 19.600”, expresaron.

A su vez, dijeron que “resulta inhumano e ineficiente para el destino de seguridad que cada “puesto de control” permita mostrar 20 canales de video simultáneos a máxima resolución” y, advirtieron el hecho de que “a pesar de ofertarse $ 90.000 por cámara y de las excesivamente ventajosas condiciones para quien resulte adjudicatario de la licitación, sólo se haya presentado a la misma una sola empresa de las muchas y muy serias que se dedican al tema”.

“Al resolver sobre las conductas de los funcionarios involucrados en esta investigación, decrete conjuntamente la nulidad del pliego de marras, que materializa el desbaratamiento de los derechos que nos otorgara el Plan Integral de Seguridad Ciudadana y la propia Constitución Nacional al garantizarnos nuestros derechos a la integridad física, la propiedad privada y a la vida misma”, sentenciaron.

Por último, advirtieron sobre el posible delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público" en el proceso de esta pólemica licitación de cámaras de seguridad.