El titular del sindicato, Carlos Ordoñez, dijo que su gente está evaluando un proyecto de porcentualidad de los salarios que presentarán a la Suprema Corte local, con el objetivo de conseguir la actualización automática de sus sueldos, al ritmo de los incrementos de los emolumentos de los magistrados.

En la edición del domingo 24 de julio, Los Andes informó acerca de los significativos incrementos salariales que obtuvieron los magistrados mendocinos, gracias al acuerdo que suscribieron con el gobierno de Celso Jaque en el año 2008.

A partir de ese convenio, los hombres que imparten justicia en el fuero local actualizan sus cobros enganchados a los de sus pares de la Justicia Federal.

Así es que, con este mes, cobrarán un 21 por ciento más y ya recibieron un retroactivo al aumento conseguido en diciembre del año anterior. Además, queda pendiente un porcentaje adicional del mes de marzo.

Con las últimas actualizaciones concretadas, el básico de un ministro de la Corte ascendería a 17.128 pesos, mientras que un Juez de Paz que recién se inicia queda en 11.220 pesos. A estos montos hay que agregarle la antigüedad, ítem que puede llevar el salario de los jueces con más años en funciones a cifras que rondan entre los 25 mil y 35 mil pesos.

Ordoñez aseguró que el acuerdo firmado con el Gobierno provincial "abrió las puertas a que se dispararan los sueldos de los magistrados. Hay un convenio y si el Gobierno no lo paga, se incumple. Si hay plata para los que más cobran, debería haberla para los que menos ganan".

Dos días después de esa publicación, el titular del sindicato de Judiciales aseguró que presentarán a la Corte un proyecto para actualización automática de los salarios de sus representados que, en caso de que el máximo tribunal lo apruebe, sería incluido en el presupuesto 2012, siempre y cuando la Corte lo avale.

De acuerdo al dirigente sindical, la intención de volver a enganchar los sueldos de los trabajadores fue plasmada en la última acta paritaria que firmó el Ejecutivo y el gremio.

Desde el Gobierno provincial, el subsecretario de Justicia y Derechos Humanos Carlos Quiroga Nanclares dijo que no hay ningún pedido formal al respecto, ni que esté siendo analizado por el Gobierno.

Otra de las voces oficiales que respondieron a la pretención de los judiciales es la del subsecretario de Hacienda Mario Granado, quien dijo que "en el acta se pueden incluir todas las expresiones posibles, pero eso no significa que hayamos aceptado".

"Resulta conflictivo darles la porcentualidad. No es algo que se pueda hacer, porque resulta una inequidad absoluta para con el resto de los empleados públicos, por lo menos es así hasta tanto el Poder Judicial no se autofinancie. Hoy está lejos de eso", dijo Granado.

El enganche de los salarios judiciales era una reivindicación que provenía del año '89, gracias a un decreto de José Octavio Bordón. Este beneficio sobrevivió hasta el inicio del gobierno de Julio Cobos.

El 17 de diciembre del 2003, apenas una semana después de haber asumido como gobernador, Cobos remitió a la Legislatura un proyecto de Ley para derogar la actualización automática de los sueldos de los trabajadores de ese poder del Estado.

En realidad no fue una iniciativa específica, sino que iba incorporada en el proyecto de Presupuesto 2004.

En aquel momento, la provincia se hallaba inmersa en el reclamo de los magistrados por indexaciones salariales. Ya había un ganador en los estrados, el ministro de la Corte Fernando Romano, que unos días antes había logrado un incremento salarial del 50%: De cobrar $8.000, pasó a $12.000 y, además, sumó un retroactivo de $56.000.

Cobos, ante el impacto que tendría en las cuentas públicas pagarles a todos el enganche, optó por derogar el decreto de Bordón.