El congreso de trabajadores judiciales, realizado el 8 y 9 de abril, ratificó el pedido de un 30% de aumento salarial, acorde con el incremento del costo de vida. Según se indicó, si bien el diálogo con el Superior Tribunal se ha abierto hace varias ocasiones las elecciones provinciales y las posteriores impugnaciones han provocado su postergación, por lo que el Sitrajuch, filial de la Federación Judicial Argentina, aprobó la realización de medidas de fuerza.

Argumentaron que la situación económica de los trabajadores “hace perentoria la actualización de los haberes, a cuyos fines también deberá desde la Legislatura aprobarse un incremento del presupuesto del Poder Judicial”.

José Luis Ronconí, dirigente de la Federación, indicó que “no tenemos respuesta al pedido; desde la semana pasada se gestionan reuniones pero la medida está decidida ante la falta de respuestas. Veremos después de Semana Santa cómo continúa el reclamo considerando que estamos ante una semana corta; de hecho también se anunció el paro nacional de junio convocado por la Central Argentina de Trabajadores”.

El paro y movilización nacional se determinó para el 8 de junio y fue aprobado en el Congreso Nacional Federal de Mar del Plata. La medida busca llamar la atención sobre el hambre de los niños y la necesidad del 82% móvil de los jubilados.

“Realmente hay dos demandas concretas que tienen que ver con la redistribución de la riqueza. Además de los reclamos salariales, mejores condiciones de trabajo y de las condiciones de salud, estamos hablando de cómo trabajan, por ejemplo, los compañeros en los hospitales de la provincia de Chubut”, indicó Ronconi.

Luego el dirigente indicó que “hoy los trabajadores luchan para mantener la capacidad adquisitiva del salario. Hay inflación y sobre todo no hay control de precios. Los trabajadores petroleros demandan mayor salario, que merecido lo tienen, y automáticamente suben los precios en Comodoro Rivadavia. Esto es un despropósito, y el estado debería intervenir; tiene herramientas para hacerlo y sin embargo no lo hace. Lo que se transforma en una conquista de un sector que además trabaja para empresas con ganancias multimillonarias se transforma en un problema para toda la sociedad. Hay que demandar otro rol del estado, que se controlen los precios que en general son injustificados, y prever sanciones”.