José Loza, secretario adjunto de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) Departamental Azul, denunció que los afiliados en funciones en el Ministerio Público sufren una sobrecarga horaria de más del 30 por ciento de lo estipulado por ley sin que se les reconozcan las horas extra.

Esta situación, según explicó el dirigente gremial, se prolonga desde hace años y se debe al histórico avance del Poder Ejecutivo sobre el presupuesto del Poder Judicial, que implica recortes en los recursos previstos para el año siguiente y en consecuencia se ven perjudicados los empleados y principalmente "la gente que quiere encontrar justicia", declaró.

Loza remarcó que la ley provincial establece una jornada de seis horas, a cumplirse de 8 a 14. Pero en la práctica, debido a la sobrecarga originada por la falta de recursos, ese período se extiende dos horas más todos los días, de lunes a viernes.

Asimismo, se mostró poco optimista que esta situación vaya a revertirse en lo inmediato si el Poder Judicial no hace prevalecer sus necesidades; advirtió que a fines de marzo se convocará una asamblea extraordinaria para definir cómo continuará el plan de lucha del sector; y reveló que la primera cuota del plus anunciado por la Provincia a fines de diciembre no fue percibida por los judiciales.

Fueron los mismos afiliados de Olavarría, reunidos antes de fin de año con el secretario general departamental, Omar Rojas, quienes denunciaron la sobrecarga horaria. "Los afiliados en Olavarría son unos 70 y en la reunión hubo consenso en que trabajan dos horas más en promedio todos los días. Está establecido por ley que la jornada para los empleados del Poder Judicial es de 8 a 14 horas", declaró Loza.

El representante gremial apuntó que dicho lapso "en el sector del Ministerio Público en nuestra ciudad no se cumple, a partir de la gran demanda que hay. Esta situación, que se prolonga ya desde hace tiempo, se da sin ningún reconocimiento de las horas extra", sostuvo.

Para los trabajadores, a pesar que "se trabajan ocho o nueve horas por día", ese esfuerzo no tiene su correlato en los sueldos porque "el Poder Judicial tiene la política de no pagar las horas extra. Repito que esto no se da en el ámbito de la Corte pero es común en el Ministerio Público, donde se trabaja hasta las 16, es decir dos horas más", ratificó.

Escasez de recursos

Por otra parte, ante los "insuficientes" aumentos de 8,9 por ciento recibido en 2009 y de 19 por ciento en dos cuotas, en 2010, Loza manifestó que se dará continuidad al plan de lucha: "Nuestras demandas del año pasado siguen sin respuesta, por eso en los primeros días de febrero convocaremos a una asamblea donde informaremos sobre lo decidido en el Congreso del 17 de diciembre (ver recuadro). Luego se realizará un congreso extraordinario el 25 de febrero".

La demanda incluye la reapertura de paritarias y que se dé inicio a la segunda etapa de recategorización, pero por sobre todo se pretende definir con la Corte el convenio colectivo de trabajo, ya que los judiciales son el único gremio provincial sin esa cobertura. "Pero todo esto, como la asignación de mayores recursos a nuestra departamental, va a depender de la decisión política para que el Poder Judicial pueda cumplir con su Presupuesto".

Loza afirmó que la pulseada por mayores fondos siempre es ganada por el Poder Ejecutivo: "Históricamente, el Poder Judicial, quizás porque no tiene poder, hace sus previsiones de gasto pero luego se ve relegado porque va de una manera y vuelve recortado, y por eso al año siguiente se encuentra sin recursos y no se pueden cubrir los cargos necesarios".

Como consecuencia de esta situación, "no sólo se ven perjudicados los empleados porque tienen más trabajo sino que la más perjudicada es la gente que quiere encontrar justicia, ya que todo tarda más y se hace más engorroso". Por el lado de los empleados, "mucha gente se va, renuncia porque los ingresos no son suficientes y el trabajo no tiene atractivo económico".

Por último, el dirigente gremial puntualizó que el plus de 500 pesos anunciado por el gobierno provincial a fines de 2010 quedó sólo en promesas porque esa suma "no nos fue liquidada con los sueldos de enero. Con la CTA nos opusimos a este pago por ser en negro y sin aportes. Se trató de una medida unilateral que decidió el ministro con sus asesores, a solas".