Sin avances en la discusión salarial, el gremio de los judiciales endurecería su postura sobre las medidas de fuerza que ya viene aplicando. El viernes 17 de agosto tendrán un congreso provincial donde resolverán la acción gremial a seguir por la falta de definiciones en el ámbito paritario.

Sucede que ayer por la mañana se realizó una nueva audiencia de paritarias tras el cuarto intermedio previo a la feria judicial de invierno. El mismo se llevó a cabo en la sede gremial, pero los resultados no fueron los esperados por el sindicato que llega con varios reclamos pero, en general, apuntando a demandas de deudas salariales que el Tribunal Superior de Justicia mantiene con los trabajadores y que provienen del año pasado. “Ellos sostienen siempre la postura, que es la de no dar respuestas ni precisiones” dijo molesto al móvil de LU 12 Radio Río Gallegos el secretario general Francisco Gómez.

Reconoció que hubo avances en otras cuestiones pero no en lo salarial, “algo que complica más el panorama” señaló, recordando que el 23 de agosto volverán a reunirse para intentar llegar a algunos acuerdos.

Más molesto se mostró aun el dirigente al aseverar que desde el Ministerio de Economía, incluso Ariel Ivovich en persona lo habría reconocido, ya que desde la cartera “desconocería” pedidos formales por parte del TSJ sobre partidas presupuestarias destinadas al pago de las deudas que están reclamando los trabajadores. “Dejamos constancia de eso entendiendo que las conductas de los paritarios del TSJ son dilatorias”, recalcó el dirigente.

No se descarta en este marco una profundización de las medidas de fuerza para la segunda quincena del mes en curso, según lo defina la asamblea provincial. El conflicto está planteado desde principio de año y desde hace varios meses vienen con medidas de fuerza que han ido variando e incluso en algún momento se llegaron a levantar como un “gesto” de acercamiento que nunca llegó.

Si bien ahora están con medidas, las mismas consisten en trabajo a reglamento, a código, y quite de colaboración según se acuerde en cada sector de la Justicia. “La tarea se ve restringida porque nos ajustamos a los códigos procesales en función de cada categoría, y eso implica por ejemplo la no recepción de audiencias por parte de los empleados, lo que estaría a cargo de los jueces y secretarios”, dijo Gómez. Esta situación, según lo manifiesta el dirigente “llevó a que muchos jueces hayan suspendido la totalidad de las audiencias más allá de que ellos no estén de paro”.