El juez de 1ª Instancia y 30ª Nominación en lo Civil y Comercial, Federico Ossola, hizo lugar a una medida cautelar presentada por el gremio de los Empleados Judiciales, en el marco del recurso de amparo contra el cese de contratos de 71 empleados del Poder Judicial, dispuesto por el Tribunal Superior de Justicia. Ossola suspendió por 30 días la Acordada 334 del TSJ y por lo tanto, los contratos que vencían hoy 31 de julio no caen.

La cautelar fue presentada por la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj) el 25 de julio pasado. Antes, el máximo Tribunal de Justicia de la Provincia había ratificado la decisión de hacer cesar los contratos y finalizar el vínculo laboral con los 71 trabajadores, medida que el gremio calificó de “injusta”. Los empleados habían sido contratados en la ciudad de Córdoba, cuando no había Orden de Mérito, y fueron designados de las listas de sedes del interior.

“Ahora, desde el Gremio y junto a los compañeros que gracias a esta correcta resolución mantienen su fuente de trabajo, seguiremos intentando que la misma se consolide con una posterior efectivización, en los lugares donde rindieron o donde puedan ser asignados”, señaló el gremio en un comunicado de prensa difundido en su sitio de Facebook.

Por otra parte, la Agepj indicó que presentó ayer un petitorio ante el TSJ con la firma de 850 trabajadores judiciales en actividad, en solidaridad con los empleados contratados y que ahora ven peligrar sus fuentes de trabajo e ingresos. El petitorio fue dirigido al titular del alto cuerpo, Carlos García Allocco.

En rechazo de la Acordada 334, el martes hubo asambleas en el edifico de Tribunales I, pero el comienzo de solución llegó por vía judicial. Según indicó la titular del gremio, Irina Santesteban, en los 30 días que comienzan el 1 de agosto, se continuará con las negociaciones gremiales y las medidas de fuerza para obtener la efectivización de los trabajadores.