El Tribunal Oral Federal a cargo del juicio denominado Base Naval 3 y 4, luego del pedido del Ministerio Público Fiscal de la Nación, resolvió ampliar la acusación a once de los catorce imputados por asociación ilícita.

Mario Portela, Néstor Parra y Alejandro Esmoris decidieron entonces que Alfredo Manuel Arrillaga, Justo Alberto Ignacio Ortiz, Juan José Lombardo, Rafael Alberto Guiñazu, Mario José Forbice, Juan Eduardo Mosqueda, Raúl Alberto Marino, Ariel Macedonio Silva, Julio César Falcke, José Francisco Bujedo y José Omar Lodigiani, respondan por tal delito.

“Si del debate surgen hechos que integren el delito continuado atribuido, o circunstancias agravantes de calificación no contenidas en el requerimiento fiscal, pero vinculadas, se podrá ampliar la acusación”, dijo la fiscal Ángeles Ramos en la lectura del artículo 361 del Código Procesal Penal, que respaldó su posición.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal había sido la que había revocado el sobreseimiento imputado en 2012 con respecto al delito de asociación ilícita.  Ello había originado que el objeto procesal se separase, elevándose sólo una parte a juicio, y con el resto de las hipótesis delictivas por las cuales ya había mediado procesamiento firme, se abrió el presente debate.

Ramos señaló que esta ampliación de la acusación “no afectaría ningún derecho o garantía” para los imputados. La cuestión formal, de plazos y etapas procesales, fue resuelta por el legislador al regular el supuesto de unión y separación de juicio.

“Así como no existió objeción para que se iniciara el debate cuando un tramo de la imputación se encontraba pendiente de resolución por parte de una instancia revisora, mucho menos podría resultar objetable para la defensa y para el interés general de la sociedad que se acumule en esta instancia y se avance en búsqueda de la verdad”, remarcó la fiscal.

Además, Ramos afirmó que esta ampliación, “es legítima y  respetuosa del derecho de defensa de los acusados y también de las víctimas porque con la ampliación se lograría la concreción de un único debate, con una solución integral al conflicto sometido a juicio y no por etapas, dentro de un plazo razonable de respuesta jurídica”. Y por ello remarcó el informe realizado por el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa” sobre las graves consecuencias que tiene en las víctimas del terrorismo de Estado la larga duración de los juicios.

Por su parte los jueces, hicieron lugar al pedido de la fiscal y fijaron para el 4 de noviembre la fecha en que se deberá realizar la audiencia a la que deberán asistir los acusados.