La dirigencia del Centro de Jubilados y Pensionados de Jujuy fueron recibidos ayer por el jefe del bloque de diputados provinciales del PJ, Rubén Rivarola, a quien el sector le planteó su preocupación por la falta de implementación de la tarjeta socio-sanitaria creada por el Ejecutivo jujeño en el 2008. En la misma reunión, miembros del Fondo Fiduciario del ex Instituto Provincial de Previsión Social (Ipps), expusieron ante el legislador la necesidad de reflotar el proyecto de modificatoria de la Ley 5.312, para facultar a los jubilados, actualmente meros administradores, a realizar proyectos de inversión a largo plazo.

Del encuentro tomaron parte dirigentes encabezados por Vicente Luna Pizarro y el secretario del Consejo Administrador del Fondo Fiduciario del ex Ipps Ramón Barengo. El jefe de la bancada oficialista escuchó atentamente las inquietudes del sector y, en el caso de la tarjeta socio-sanitaria, se comprometió a convocar para la próxima semana a funcionarios del área de Hacienda y al titular del Instituto de Seguros de Jujuy, a los efectos de comenzar la búsqueda de una solución.

Al término del cónclave, calificado como positivo por las partes, Luna Pizarro recordó que los beneficios de la tarjeta socio-sanitaria no pudieron ser aprovechados por el grueso de los jubilados y pensionados de la provincia, porque su implementación fue parcializada y duró sólo un mes.

La tarjeta implicaba una ayuda monetaria para el sector pasivo que había sido transferido a la Nación y que percibía un haber mínimo de $ 590. Para que el beneficio se viera cristalizado, la provincia fijó un techo de $ 700 para el haber mínimo, con lo cual la diferencia -es decir $ 110- debía ser abonada a los jubilados por la Anses.

Cabe consignar que, para su implementación rápida, la diferencia del primer mes de la puesta en vigencia del beneficio fue abonada por la provincia con recursos propios, mientras que con posterioridad no se volvieron a registrar pagos de ninguna naturaleza.

“Algunos jubilados cobraron hasta 5 meses, pero después todo quedó estancado”, afirmó el dirigente, a la vez de señalar que otro compromiso era adecuar los montos siempre que se modifique el haber mínimo, actualmente de $ 1.227, con lo cual la diferencia pasaría a ser mayor”, subrayó.

Aclaró que esta diferencia tiene que ser liquidada por la provincia con recursos que envíe Anses. Recordó que el organismo nacional firmó en aquel momento, cuando su director era Sergio Mazza, un acta complementaria conviniendo el desembolsó de los recursos. Luna Pizarro señaló que fue ratificado con posterioridad por la presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner.

Señaló que la preocupación de los jubilados está dada en la no remisión de los fondos por parte del Gobierno central. “Existe un incumplimiento claro a lo acordado y, por ello, pretendemos una mediación del gobierno provincial”.