El Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, con el que las Fuerzas Armadas interrumpieron el orden constitucional en la Argentina, desatando un proyecto sanguinario y genocida, con un plan sistemático de exterminio que incluyó la suplantación de la identidad de quienes nacieron en cautiverio, también tuvo en San Juan su capítulo perverso. Capítulo que recién ahora salió a la luz, quizás por la idiosincrasia plagada de pasividad del provinciano, acostumbrado a vivir en una sociedad proclive a ocultar voluntariamente las cosas altisonantes.

Quizás por esa característica particular de los sanjuaninos, el plan de sembrar el terror para garantizar la impunidad de actos violatorios de los Derechos Humanos implementado por la dictadura, caló hondo en la provincia, al punto tal que uno de sus principales partidos políticos, no se sabe si interpretando a sus representados, pero si negociando cargos en el exterior, se hizo cómplice del llamado “Proceso de Reorganización Nacional”, ideado por quienes se penaban a sí mismos como los salvadores de la Argentina.

Cuando el país pasaba por una de sus más grandes crisis institucionales, en el gobierno que Juan Perón le dejó a Estela Martínez, desde el comienzo de 1976, el golpe ya se veía venir y cada vez eran menos los que seguían luchando por un país donde primaran los principios democráticos, a pesar de que la propia presidenta había sancionado la Ley 20.840 de “represión de actividades subversivas” y que ya un año antes le había dado a las Fuerzas Armadas la responsabilidad de “aniquilar a la subversión” con un decreto que disponía la “emergencia nacional”.

Ya llegado el mes de marzo, las versiones arreciaban, a medida que la persecución se intensificaba y las reuniones políticas para tratar de salvar al gobierno legitimado por 7 millones de votos eran constantes.

San Juan

Por eso es que cuando llegó el día de la asonada militar, el gobernador de San Juan, Eloy Próspero Camus, no estaba en la provincia. Había sido convocado de urgencia dos días antes a Buenos Aires, para que hiciera sus aportes, ya que se lo consideraba un hombre influyente del Partido Peronista de ese entonces. Pero la suerte ya estaba echada. El poder militar ya estaba organizado y el aparato represivo diseñado.

Pedro Oyarzún Cruz, que era el oficial jefe de la Guardia de Infantería, que estaba apostada en la Casa de Gobierno, recuerda que “en ése entonces teníamos mucho numerario (personal), porque ya se sabía que algo iba a pasar”.

La noche del 23 de marzo “cerca de la medianoche escuchamos en la radio de la policía, que desde un handie talkie que estaba en el aeropuerto, un oficial militar le informaba al jefe de la Policía que habían detenido al agente que estaba de guardia en el aeropuerto. El jefe, que era Enrique Grasi Sussini, le decía que si iban a detener a toda la policía, que estaba bien, pero que si no era así, que lo liberaran. No sabemos qué pasó después”.

Esa noche, dos aviones de la VIII Brigada Aérea de Mendoza habían descendido en el aeropuerto de Las Chacritas sin aviso. Estaba empezando el golpe.

Oyarzún cuenta que de inmediato “mandé a todo el personal a pertrecharse y sacamos las armas largas para resistir y dispuse vigilar todo el predio a pesar de que ya no había funcionarios en la Casa de Gobierno”, pero que una hora más tarde, el propio Grasi Sussini le ordenaba por radio: “No quiero un baño de sangre... repliéguese y espéreme que voy para allá”.

El jefe de la Policía vivía en la Casa de Gobierno y por eso cuando llegó “nos agradeció la lealtad y le dio un abrazo a todos los efectivos y a mí me pidió que cuidara de su familia porque sabía que lo iban a detener”.

Eso pasó como a las 4 de la mañana, cuando la Central de Policía fue tomada por un grupo de militares y soldados al mando del teniente primero Enrique Siciardi. Al mismo tiempo, las radios Nacional, Colón y Sarmiento, que eran las únicas, también estaban llenas de militares que obligaban a propalar marchas militares y folclore.

Pero el copamiento de la Casa de Gobierno no se produjo esa noche, según este testigo directo, a pesar de que hay quienes dicen que fue en la madrugada.

Pasaron una noche a la expectativa, con miedo y zozobra. “Cuando estaba amaneciendo, desde la garita de atrás (cerca de la Gobernación), vimos que en los terraplenes de la Avenida de Circunvalación había un montón de tanques, obuses y cañones apuntándonos... y nosotros íbamos a defender con ametralladoras y fusiles...”, se lamenta.

Según Oyarzún, “recién a las 9.30 vimos movimientos en las esquinas. Estaban cortando el tránsito y como media hora después vinieron. Eran muchos y tenían FAL. Nos apuntaron a todos y a algunos los tiraron al suelo y les pusieron las ametralladoras en la cabeza. Venía el teniente (Jorge) Olivera al mando y estaban Demarchi, Del Torchio y un sargento Corvalán”.

Oyarzún sostiene que “fue Olivera quien me preguntó si íbamos a colaborar y a él le entregue el mando de la guardia”.

A esa hora, ya un avión de combate Moranne Saulnier sobrevolaba la ciudad, en señal de dominio y el vicegobernador, Francisco Aguilar, llegaba a la Casa de Gobierno después de pasar el piquete militar de la esquina. Minutos más tarde, el teniente coronel Adolfo Díaz Quiroga, encargado del operativo en San Juan, amablemente, ya que era sanjuanino, le pedía a Aguilar y los ministros su renuncia. Un poco más tarde, cerca del mediodía, el coronel Carlos Horacio Tragant, que era el director del Liceo Militar Espejo de Mendoza, llegó para convertirse en el interventor de la provincia, con un acta labrada a mano por la escribana Stella Alvarez, jurando por “Dios nuestro Señor y estos Santos Evangelios, observar y hacer observar los estatutos para el Proceso de Reorganización Nacional”, frente a quien era el jefe del RIM 22, Juan Bautista Menvielle y los oficiales del regimiento.

Derechos Humanos

A partir de esa misma noche, los derechos civiles fueron conculcados y los Derechos Humanos de dirigentes políticos, sindicales y sociales violados. Empezaron las detenciones que prosiguieron por 48 horas con extrema violencia.

El propio teniente Olivera reconoció en el juicio por delitos de Lesa Humanidad que “había una lista de 104 personas para detener” y fue no sin crueldad.

Los operativos se sucedían de día y de noche. Todos eran llevados a la ex Legislatura, porque los militares tomaron ese ámbito de representación democrática, en un sitio al servicio de su accionar criminal, donde los detenidos fueron sometidos a tormentos, antes de ser distribuidos a otros centros clandestinos de detención, lo mismo que quienes eran puestos a disposición de las Fuerzas Armadas en las comisarías y en la Central de Policía. Como una burla a la democracia, eligieron a la Legislatura para actuar con despotismo y autoritarismo torturando a quienes no habían tenido un juicio previo, en contraste con los juicios actuales en los que esos mismos militares están de saco y corbata y tienen la oportunidad de defenderse. Una oportunidad que ellos no les dieron a sus víctimas.

Desde el momento que los sacaban de sus casas, les vendaban los ojos, los esposaban y los encapuchaban para que no vieran nada. La agresión psicológica no bastaba. Había golpes, gritos, amenazas, simulacros de fusilamiento y no importaba si eran oficialistas, montoneros, comunistas o de la oposición, como el entonces diputado bloquista Fernando Mó, el actual gobernador José Luis Gioja, su hermano César, el ex intendente Elías Alvarez, los sindicalistas José “Pepe” Villa y Enrique Faraldo, los jueces Margarita Camus y Abel Soria Vega, entre otros.

Los llevaban en camiones. Los tiraban tomándolos como bolsas y caían unos encima de otros. Ensangrentados, quebrados, con la incertidumbre de no saber qué sería de sus vidas ni las de sus familias.

Los llevaban a la cárcel de Chimbas donde los interrogaban en “la escuelita”, una sala ubicada encima de la cocina. Había maltrato, golpes, picana... La historia cuenta que uno de los detenidos, Víctor Carbajal, murió a causa de una sesión de torturas.

Otros que la pasaban peor, eran llevados al RIM 22 para torturarlos, y otros, al camping de suboficiales del Ejército “La Marquesita”. Allí había celdas y en los fondos una carpa donde se realizaban las torturas. Allí estuvo Marie Anne Erize, la modelo franco argentina que fue violada hasta el cansancio.

De “La Marquesita” nadie salía con vida. De los más de 50 detenidos que pasaron por allí, sólo se conocen dos sobrevivientes que son el “Polaco” Moroy y la militante Hilda Díaz que fue salvajemente violada y torturada, liberada y vuelta a detener.

Muchos fueron “blanqueados” poniéndolos a disposición del juez federal Mario Gerarduzzi que los condenaba pero no investigaba las denuncias que hacían por los apremios ilegales. Gran parte de ellos fueron llevados Buenos Aires. Algunos nunca volvieron. Otros aún siguen luchando porque los culpables paguen y que el país se pacifique sobre la base de que en la Argentina de todos, haya Memoria, Verdad y Justicia.