La defensa de Juan Carlos Romero, interpuso un nuevo recurso legal a través del cual pretende anular el requerimiento de juicio elevado en su contra por la cesión ilegal de un hangar de Aviación Civil.
Desde el 23 de abril pasado, cuando el fiscal, Guillermo Akemeier, de la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, elevó la causa a juicio público, la defensa legal del ex gobernador sólo se ocupo de poner trabas legales para que el debate se lleve a cabo.
Hace unos días, cuando se conoció la intención de la justicia local de juzgar finalmente a Romero, su hijo, Medina y Funes, el ex gobernador estaba de viaje por el exterior, según dicen navegando por el mediterráneo, por lo que la noticia de un juicio en plenas vacaciones sacó de quicio al ex mandatario.
Rápidamente, su defensora, acudió a la ciudad judicial para presentar un nuevo recurso de nulidad, planteo legal que en realidad no tiene otro objetivo que el de entorpecer el desarrollo del debate, pues Romero, lejos de las declaraciones públicas que brindó a su diario, no tiene ninguna intención de dar cuentas de sus actos de gobierno.
Aunque a los editores de El Tribuno no les guste cuando este medio pone el dedo sobre el archivo, recurso del que carecen, cabe recordar lo mencionado por Romero en julio pasado cuando la Corte de Justicia de Salta resolvió que el ex gobernador debía ser indagado en las siete causas abiertas en su contra por delitos de corrupción.
En aquella ocasión, El Tribuno publicó lo siguiente en boca de Juan Carlos Romero: “Siempre estuve y estaré a disposición de la Justicia, ejerciendo mis derechos como cualquier ciudadano”. Hoy, a cinco meses de aquellas palabras, su propio diario debe ocultarlas y hablar de iconos, como si la gestión de gobierno se tratara de una pelea de potrero para ver quien patea la pelota más lejos, recurso, por cierto, infantil y demostrativo de que hay que escribir lo que se ordena.
La verdad es que Romero se ríe de los salteños, a quienes se le acusa y donde hay serias sospechas de haberse quedado con la mitad de las tierras del estado y pretende ahora no dar cuentas de sus hechos, pues con el reciente planteo legal presentado por su abogada, lo único que se busca es frenar la realización del juicio en su contra.
La justicia busca desde abril pasado que Romero explique por qué quería quedarse con un hangar de Aviación Civil, predio del cual hoy goza a sus anchas, dejando a los salteños sin la posibilidad de recaudar por ese lugar una suma de 250 mil pesos.
Junto a Medina y Funes, el ex gobernador planeo la cesión del hangar 22 días antes de irse del gobierno. Y para ello utilizó de pantalla a una empresa presidida por su hijo, Juan Esteban Romero, quien en esta maniobra aparece como el supuesto propulsor de un emprendimiento aéreo que nunca fue, pues la empresa que decía presidir, La Represa S.A. adjudicataria del hangar, en realidad es propiedad de su padre, con lo cual está probada la maniobra.
Por este hecho, Juan Carlos Romero y compañía están acusados de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación, cargos por los que podrían recibir una condena de 6 años de prisión, algo que asusta al ex gobernador, no tanto por él mismo, por ahora escudado en sus fueros de senador nacional, sino por su hijo, quien a tan corta edad ya podría ir a parar a la prisión.
En este nuevo recurso, la defensa de Romero quiere que el juez de Garantías 5, Héctor Martínez, quien el 14 de noviembre pasado ya rechazó planteos idénticos, haga lugar a sus planteos y los gire a un tribunal superior para su tratamiento, con lo cual lograrían su único objetivo, dilatar el proceso judicial en contra del ex gobernador.
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