La actividad se llevó a cabo en el anexo de la Cámara de Senadores, sito en 7 y 49, y contó con la participación del diputado y coautor de la normativa, Marcelo Sain; su par y coautora Alicia Sánchez; el director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, Gustavo Palmieri; la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la cámara baja, Fernanda Raverta; el legislador del Frente para la Victoria, Gustavo Di Marzio; el académico de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Omar Varela; el funcionario de Anses y referente de la Clínica Jurídica sobre Derecho al Hábitat de la Universidad Nacional de La Plata, Luciano Scatolini; el referente de Madre Tierra y Foro de Organizaciones de Tierra, Infraestructura y Vivienda de la provincia de Buenos Aires (FOTIVBA), José Colo Rocha; la referente de la Central de Trabajadores Argentinos, María Reigada; y el integrante del Movimiento de Inquilinos de La Plata Germán Schierff.

RP.- ¿De qué se trató la jornada?

La jornada fue una convocatoria a organizaciones sociales, académicas y de derechos humanos vinculadas al hábitat para poder trabajar distintas propuestas del espacio legislativo, tanto de diputados como de senadores; proyectos de ley que están vinculados al hábitat y con el marco que implica la ley de Acceso Justo al Hábitat como marco regulatorio y legal.

Y una segunda mesa donde expusieron y contaron en qué situación están hoy muchas organizaciones vinculadas al hábitat y al espacio académico.

En este sentido hay que decir que trabajamos junto a universidades nacionales -la de Lanús, la de General Sarmiento y La Plata-, con el objetivo de pensar a los sectores populares en un sentido de ciudad inclusiva, integrada y donde uno de los lugares donde más visible es esa división, es en lo territorial.

La propuesta es trabajar para poder construir ciudades más inclusivas en la provincia y que se avance en esa línea con todo lo que tiene que ver con el acceso digno a las ciudades.

RP.- ¿En qué instancia está la ley de Acceso a la Vivienda?

En principio, es ley. Pero lo que falta es avanzar fuertemente en la implementación. Esto es: la conformación del consejo local del hábitat, las cuestiones vinculadas al financiamiento y el modo de destinar un presupuesto de la provincia para resolver situaciones puntuales.

La ley en principio es producto de experiencias previas que hubo en relación al Plan Federal de Construcción de Viviendas y demás. Toma esas experiencias para poder pensar en un marco legal y normativo que permita el acceso justo al hábitat, y a parte porque lo que queda pendiente ahora es su implementación. Hay distintas acciones que están en el articulado de la ley y necesitamos que se implemente y parte del objetivo de la jornada fue poner de manifiesto y visibilizar esta necesidad.

RP.- ¿Qué hace falta para que se implemente?

Hay cuestiones vinculadas a fondos fiduciarios que tienen que implementarse -eso tiene que ver con el presupuesto-; otras a la creación del consejo de hábitat -que es la confluencia de actores legislativos, ejecutivos y organizaciones sociales, de derechos humanos y académicas para monitorear la implementación de la ley-.

RP.- ¿Cuál es el rol de las empresas inmobiliarias en la problemática?

Las empresas inmobiliarias lo que van a buscar siempre es un rédito económico. Quien puede regular y discernir ahí mayor justicia social es la intervención del estado. A partir de sus políticas públicas, como viene haciendo la presidenta. En ese sentido, la creación de la secretaría General de Hábitat anunciado recientemente va en esa dirección. Es la presencia del estado en las políticas públicas y desde la constitución de leyes que venimos generando legisladores que somos parte del kirchnerismo para lograr el acceso al hábitat, más justicia social y distribución del suelo y la tierra de los sectores populares.