La Sala Acusadora de Juicio Político archivó este lunes, por decisión mayoritaria, el proceso que se le seguía al ahora exministro Varela. En un rápido trámite, ingresó la renuncia de Varela y los legisladores de la sala, por 4 a 2, dieron por concluida el proceso en su contra. Lo pensaban enjuiciar por incumplimiento de los deberes de funcionario público porque no impulsó la rescisión del contrato con la empresa Inarco pese a que se le vencieron ampliamente los plazos para terminar la obra del Megaestadio.

El martes pasado, este diario había revelado que Varela había avisado verbalmente a funcionarios y empleados del ministerio que iba a renunciar. Lo hizo finalmente el viernes.

Su dimisión tuvo como objetivo evitar un juicio político que, con seguridad,terminaría en su destitución y su inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Varela fue denunciado ante la Legislatura por el fiscal de Investigaciones Administrativas, Juan Carlos Carola. Esa situación fue aprovechada fundamentalmente por el vernismo, que juega una interna a fondo contra el gobernador Oscar Jorge.

La Sala Acusadora -integrada por seis de los 30 diputados que hay en la provincia- estuvo durante buena parte de octubre tomando testimonios. Hoy tenía previsto votar para acusarlo: por 4 a 2, se le iba a iniciar un juicio político que debía estar a cargo de la Sala Juzgadora.

La renuncia, sin embargo, clausuró todo el proceso, según establece la legislación que regula el juicio político. Por el archivo de la causa votaron cuatro diputados (tres del PJ y uno de Pueblo Nuevo) y dos en contra (del Frepam).

Mariana Baudino (PJ, vernista) dijo que, a partir de la renuncia, no hay más posibilidades que cerrar el proceso y apuntó al gobernador Oscar Jorge. “Hubo un intento del Ejecutivo de embarrar la cancha. El último intento fue el pedido de nulidad. Y desde el punto de vista político, se nos atacó a los diputados vernistas. Pero quiero aclarar que esta denuncia fue iniciada por el fiscal Carola”. Además, le reclamó a Jorge terminar el polideportivo.

Dijo, al igual que su par Juan Pablo Morisoli (PJ, vernista), que tal vez habría que modificar la reglamentación de la ley para que, ante una renuncia, pueda seguir el proceso. “Hubo muchas presiones mediáticas, pero fue un gusto integrar esta sala”, sostuvo, a su turno, Morisoli.

Martín Berhongaray y Claudia Giorgis  (Frepam) fueron los que pidieron que el proceso continúe, pese a la renuncia. Berhongaray dijo que, según su criterio, debería seguir el juicio porque la ley establece, entre otros puntos, la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos. Expresó que, con su renuncia, podría asumir otro cargo jerárquico próximamente. "No es razonable que un funcionario sujeto a enjuiciamiento disponga de la posibilidad de eludir toda responsabilidad por vía de la renuncia al cargo desempeñado. Ello importa anticiparse a paralizar y obstruir el funcionamiento institucional de un mecanismo que persigue el pronunciamiento expreso sobre la conducta del enjuiciado al que se imputa estar incurso en algunas de la causales que la Constitución prevé para su remoción".

"Aceptar lo contrario -agregó el legislador del Frepam- importa tolerar que el responsable maneje su impunidad, sobre todo respecto de la inhabilitación que le pudiere corresponder si eventualmente se lo encontraria incurso en la figura de mal desempeño en sus funciones".

El legislador radical adelantó que harán una nueva denuncia penal. “No permitir la continuación a raíz de la la arbitraria reglamentación nos obliga a denunciar a los funcionarios que tuvieron capacidad decisoria”, expresó.

Claudia Giorgis (Frepam) adhirió. “Y quiero decir de qué se lo acusa, porque Varela dijo que no sabía… Se lo acusa de no instar los actos administrativos para que el gobernador rescinda el contrato”, sostuvo. “No hubo un ensañamiento; tuvo que renunciar porque evidentemente había elementos suficientes para ser acusado por la Sala Acusadora. Fue muy esclarecedor este juicio y, de proseguir, se podrían haber obtenido más datos”.

Miguel Tanos (PJ, kirchnerista) dijo que el proceso fue “injusto” contra el ahora exfuncionario. “Este juicio fue injusto; continuar con el proceso sería un ensañamiento con una figura que no ha tenido decisión central en la no terminación de la obra”. Lo mismo expresó Darío Hernández (Pueblo Nuevo). "Fue todo muy injusto", salió a defender a Varela.

"La actual situación está empantanada por intereses políticos", dijo Tanos. "Varela no pudo avanzar porque hay un serio problema institucional y político. Es que una mayoría legislativa -por el vernismo y el Frepam- impide al Poder Ejecutivo disponer de la herramienta legal para ejecutar el resto de la obra. Solo un acuerdo político e institucional puede terminarlo".